A la hora de hablar de seguridad, el debate se radicaliza y las posiciones se tornan antagónicas. Desde el punto de vista filosófico, los que reclaman garantías reivindican una condición humana esencialmente buena que merece protección en todo momento y lugar. En cambio, los partidarios de la "mano dura" mantienen una actitud desconfiada hacia la condición humana, y estiman que el hombre no es naturalmente bueno y la sociedad tampoco contribuye a mejorarlo, por lo que los controles son necesarios.
En general, los progresistas son partidarios de soluciones a largo plazo. Estiman que una sociedad más justa reducirá la delincuencia y que lo que importa es trabajar en esa dirección soportando con cierta resignación los desmanes y violencias actuales, representativos de las reacciones de los marginados a un orden injusto e inhumano.
Por su lado, los conservadores se inclinan por buscar soluciones en el corto plazo. Para ellos, la delincuencia no es la respuesta a un orden injusto, sino la manifestación de taras y perversiones individuales que ocurren en cualquier sociedad y que en nombre de la paz social deben ser reprimidas con severidad.
A la hora de dar respuestas prácticas, los progresistas enfatizan la naturaleza compleja del problema, una cualidad fácil de compartir, pero que en más de un caso sirve para eludir las exigencias de la hora. En nombre de la "complejidad", es habitual oír que las cárceles o la represión no son la solución de fondo.
En los conservadores, la ansiedad por imponer el principio de autoridad los empuja a repuestas simplificadoras, y así enfatizan la tendencia represiva al margen de las cuestiones sociales y culturales. El caso Blumberg, en este sentido, fue paradigmático porque las reformas legales realizadas bajo su influjo -muchas de ellas improvisadas-, fueron aprobadas por los legisladores, algunos por convicción conservadora y otros por puro oportunismo, sin un debate profundo. Y el resultado fue perjudicial porque no solucionó los problemas y disparó nuevas e interminables discusiones.
Por otro lado, los garantías abolicionistas exasperan a la sociedad y a la propia inteligencia de sus interlocutores ya que terminan defendiendo situaciones insostenibles que muchas veces se relacionan con concepciones ideológicas críticas del capitalismo o visiones reduccionistas de la relación entre la economía y el delito. Así, a menudo -y más allá de su voluntad-, terminan más preocupados por los delincuentes que por las víctimas de la delincuencia.
Desde el punto de vista político, desde la perspectiva del funcionario que debe tomar decisiones para satisfacer los reclamos crispados de una sociedad que se siente indefensa, está claro que la verdad se sitúa a mitad de camino entre ambas posiciones.
No se trata de relativizar lo obvio, sino de saber que en política la respuesta más justa es aquella que logra articular las necesidades del corto y el mediano plazo. Seguramente en tiempos de crisis, las soluciones conservadoras suelen ser más contundentes; mientras que en tiempos de estabilidad y prosperidad, la estrategia de los progresistas parece ser la más pertinente.