Al margen de la crónica

La deuda de los partidos políticos

Los partidos políticos son vitales para el funcionamiento del sistema democrático en cualquier país del mundo y en la reforma constitucional de 1994 realizada en esta capital se entendió esa necesidad y se los incluyó expresamente en el texto de la Carta Magna. Los partidos deben funcionar adecuadamente y generar ideas, proyectos y dirigentes para el permanente recambio que necesitan las instituciones de la República.

Además de los dirigentes que son los responsables de esa generación de ideas y de nuevos hombres para el sistema, todo partido requiere de persona administrativo y de locales para funcionar y para desarrollar actividades. Para ello, la propia ley de partidos establece que el Estado nacional debe ayudar a su financiamiento y en muchos casos son los propios dirigentes, cuando llegan a la función pública, los encargados de ceder parte de sus ingresos para el funcionamiento institucional de su fuerza.

Sin embargo, en la provincia de Santa Fe, los dos principales partidos que vienen repartiéndose los principales cargos desde 1983 a la fecha en la provincia, en municipios y comunas e incluso las bancas santafesinas en el Congreso Nacional, no son un ejemplo de cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los empleados ni con las empresas de servicios públicos que le prestan los servicios básicos.

En los últimos tiempos fueron recurrentes las presentaciones de Utedyc ante el ministerio de Trabajo para que los empleados del Partido Justicialista puedan percibir en tiempo y forma sus haberes. Los propios empleados destacaron en más de una ocasión gestos solidarios de algunos legisladores provinciales que hicieron frente al compromiso antes de la normalización de autoridades. Ahora, le toca el turno a la Unión Cívica Radical cuyos empleados vienen reclamando a la conducción provincial el pago de salarios atrasados y hasta le fueron cortadas las líneas telefónicas por atrasos en la cancelación de facturas.

Sin dudas dos malos ejemplos de administración interna que deberán ser tenidos en cuenta por los afiliados y la ciudadanía a la hora de expresar el voto.