Por decreto de la presidenta
Se inicia la expropiación de Aerolíneas
De la redacción de El Litoral
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La presidenta Cristina Fernández instruyó al Ministerio de Planificación para iniciar los trámites de la expropiación de Aerolíneas Argentinas al grupo español Marsans. El decreto designa a la cartera de Planificación como “organismo expropiante”.
El Congreso aprobó el 17 de diciembre la ley que declaró a Aerolíneas de “utilidad pública sujetas a expropiación”. La jefa de Estado dispuso que la Procuración del Tesoro se presente “en todas las causas penales” en el marco de investigaciones de eventuales perjuicios a Aerolíneas.
También instruyó al organismo para denunciar “los eventuales hechos ilícitos que llegaren a su conocimiento por dicha gestión, así como a iniciar las acciones civiles y comerciales que correspondan a fin de recuperar el patrimonio afectado por la deficiente gestión, dolo o culpa de los administradores”.
A fin de garantizar “la continuidad y seguridad del servicio” de Aerolíneas, el mantenimiento de las casi 9.000 fuentes laborales en esas empresas y el “resguardo de los bienes” de las compañías, la presidenta ordenó la creación de una unidad administrativa bajo la órbita de la Secretaría de Transporte.
Esta unidad “ejercerá todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren, hasta tanto finalice el proceso expropiatorio. La instrumentación de todos los actos y gestiones necesarias para la toma de posesión de todos los bienes sujetos a expropiación, deberá realizarse con la previa intervención de la Escribanía General del gobierno argentino”, indica el decreto.
La presidenta dispuso elaborar un plan general de negocios para Aerolíneas y sus subsidiarias Austral (vuelos domésticos), Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa). Autorizó además a esta cartera a ceder a los trabajadores de Aerolíneas una participación accionaria de hasta un 10 por ciento, una vez concretada la expropiación.
El gobierno argentino y Marsans firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones. Marsans ha sostenido que considera la expropiación como una “confiscación” “arbitraria e ilegítima”, porque contradice el acuerdo de julio, por el cual el Estado se comprometió a comprar Aerolíneas. El grupo español solicitó el pasado día 12 un arbitraje ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, donde buscará una compensación monetaria por la supuesta “confiscación”.
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