Caducó el plazo

Objeciones a Bistoletti

De la redacción de El Litoral

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Dos impugnaciones se sumaron a la concretada por la Asociación Anticorrupción a la postulación del actual juez rosarino Edgardo Bistoletti como defensor del Pueblo de la provincia al caducar el plazo dispuesto por el Poder Ejecutivo, que abrió —por primera vez— una etapa de consulta a la ciudadanía. Las observaciones fueron presentadas en esta capital por el diputado justicialista Alberto Monti y en Rosario por el dirigente radical Horacio Fidel López.

Ahora, el Ejecutivo publicará las observaciones en la página web del gobierno (www.santafe.gov.ar), y correrá traslado al propuesto por el término de tres días hábiles para que efectúe las respuestas que considere oportunas, las que también serán publicadas en la mencionada página web.

Monti llevó personalmente la impugnación a la Dirección Provincial del Consejo de la Magistratura y jueces comunales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dice, entre otras cosas, que “Bistoletti carece de los requisitos de idoneidad para el cargo y de compromiso con la democracia y Derechos Humanos, prestigio e independencia ante la sociedad, expresándose en públicas muestras de desaprobación de su candidatura, falta de independencia por notorio incumplimiento de funciones judiciales propias en beneficio del actual partido gobernante; que en definitiva lo inhiben para el desempeño del cargo de defensor del Pueblo”.

López considera que Bistoletti “está en las antípodas del candidato ideal, ya que, cuando fue designado juez en lo Penal Correccional, el acuerdo surgió de una sesión de la Asamblea Legislativa, “inadecuada para la designación de magistrados’ según tituló el diario El Litoral del 18/08/81” y cuyos párrafos transcribe en la presentación.

También menciona que el candidato “fue acusado por su intervención en un proceso que pudo comprometer a los ahora oficialistas sin que se oyeran serios desmentidos de las partes y que la propuesta de hoy es una retribución por los servicios prestados, por lo que quienes lo postulan quedan sospechados de querer tener la seguridad de que el organismo de control estará a cargo de una persona con vocación oficialista, es decir, en manos de un amigo político”.

También menciona y presenta notas donde Bistoletti fue acusado ante la fiscalía de la doctora Ditaranto de haber cometido el delito de prevaricato, y desprendiéndose del resto de las actuaciones que incurrió también en el delito previsto y penado en el art. 277 del Código Penal.

La nota es acompañada por ocho escritos judiciales.