Desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios
Objetan la aplicación progresiva del nuevo Código Procesal Penal
Reiteran que se sienten comprometidos con la reforma y señalan una serie de dificultades para su puesta en marcha.
De la redacción de El Litoral
El Colegio de Magistrados y Funcionarios (Zona Norte) del Poder Judicial dio a conocer su posición sobre la ley de implementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal.
El documento elaborado, que lleva las firmas de los Dres. Daniel Rucci y Raúl Reyes, señala que escasas 72 horas de la puesta en vigencia de la ley Nº 12.912 “ya se puede advertir la desprolija puesta en marcha de esta importante herramienta” y que ello ha ocurrido sin que previamente se disponga de los instrumentos que la propia ley establece para su mejor aplicación.
Cita entre otros, la falta de reglamentación, infraestructura técnica, estructural y de recursos humanos: “Precisamente estas carencias que hoy reclamamos deben articularse de inmediato, porque ya han provocado que el sistema penal se resquebraje, generando un estado de anarquía en la toma de decisiones que resulta sumamente perjudicial y peligrosa por la trascendencia social que tienen las causas que a través del mismo deben resolverse”.
El Colegio indica que comprende y comparte “el desaliento y desazón” que experimentan por estos días los magistrados, funcionarios y empleados del fuero que “tienen que hacerse cargo de la aplicación de un instrumento absolutamente desarticulado que se ha puesto en funcionamiento con una marcada y alarmante improvisación”.
A continuación señala que no dejarán de apoyar los cambios para que en estos ocho meses que restan para la implementación definitiva del Código “pueda superarse lo mejor posible esta indeseable e injustificada coyuntura”.
Dificultades señaladas
El documento puntualiza lo siguiente.
* La policía en general no recibió instrucción sobre el modo en que deberá adecuar su funcionamiento.
* La cantidad de fiscales hace prácticamente imposible que aborden con efectividad las nuevas tareas.
* La escasa cantidad de defensores públicos.
* La falta de estructuras para atender la mediación.
* Las audiencias de juicio oral obligatorio pueden ser atendidas con la actual estructura, no así en los casos de los delitos con juicio oral optativo, que se especulan en un número muy alto.
* Falta de la necesaria reglamentación. Existen numerosos supuestos cuya solución no encuentra una medida legislativa clara o suficiente, tales como el modo de recibir la declaración del imputado, trámite de la prisión preventiva, cómo continúa el querellante que optó por seguir el proceso ante la aplicación de un criterio de oportunidad, cuestiones de inhibición de los jueces, admisibilidad de la prueba para el juicio oral.
