El ministro de Seguridad fue a Diputados

Cuenca insistió en que son dos

los secuestros judicializados

La investigación fue unificada esta semana en la fiscalía de causas NN de los tribunales santafesinos. El ministro e Iparraguirre defendieron el programa que llevan adelante pero advirtieron que la solución a la inseguridad es a mediano y largo plazo.

Mario Cáffaro

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Durante noventa minutos, el ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, y el secretario de Seguridad Pública, Carlos Iparraguirre, estuvieron reunidos con un grupo de diputados, en la Presidencia del cuerpo, para analizar la problemática de la inseguridad en la provincia, teniendo como disparador, los secuestros express ocurridos en el departamento La Capital. Hace dos semanas, el entonces Frente para la Victoria había solicitado la interpelación al funcionario; el Frente Progresista rechazó el proyecto pero invitó al ministro a una reunión abierta que se concretó ayer, antes del viaje de Cuenca a Asunción del Paraguay, donde concurrió a pedido del gobierno de ese país. Pese a la importancia del tema, apenas una quincena de diputados estuvo presente, entre ellos, cinco justicialistas; cuatro de ellos de esta capital (Darío Scataglini, Mario Lacava, Silvina Frana y Federico Reutemann), y la rosarina Alejandra Vucasovich. Casualmente, todos alejados del Frente para la Victoria.

Ambos funcionarios del Poder Ejecutivo explicaron y defendieron la visión del gobierno actual sobre seguridad, “tema que debe tener un abordaje multidisciplinario”; aseguraron que el objetivo del primer año fue dotar a la fuerza policial de equipamiento y hombres para cumplir su tarea, y que ahora es el turno de sumar tecnología para enfrentar el delito. “Hoy la policía está en mejores condiciones de responder ante cualquier demanda. Queremos incorporar tecnología para mejorar”, señaló Iparraguirre.

El justicialismo hizo hincapié en el tema de los secuestros, lo ocurrido el año pasado en inmediaciones de la sede de Atilra en Rosario, el presunto incremento de delitos contra la propiedad en las últimas semanas, así como las amenazas a dos integrantes del Poder Judicial.

Unificaron la investigación

Sobre el tema secuestros, Cuenca ratificó lo señalado la semana pasada ante los senadores, de que hay dos hechos judicializados, e informó que la fiscal de causas NN, Marta Bertone, quedó a cargo de la investigación de ambos, ocurridos en Santo Tomé y en Arroyo Aguiar. Hasta la semana pasada, se tramitaban uno en la Justicia Provincial, y otro en la Federal.

“Ambos casos están judicializados. En los dos, estamos en plena etapa investigativa, uno de ellos fue un robo seguido de privación ilegítima de la libertad, y que terminó a las pocas horas; el caso de Santo Tomé tuvo más horas, una persona joven fue citada a algún lugar por otra joven, y se lo demoró hasta las primeras horas del día siguiente, cuando fue liberado previo pago de una suma de dinero. Hay una serie de trabajos de investigación que se vienen realizando a partir de las instrucciones de la fiscalía. El caso no fue denunciado sino que a partir de rumores, la fiscalía federal pidió que se iniciaran actuaciones. El caso de Arroyo Aguiar sí fue denunciado en forma inmediata ante el juez Guevara quien dio las primeras instrucciones. Ambos casos están trabajándose, y en relación con rumores y versiones sobre otros casos, en el sistema no tenemos nada. De acuerdo con los rumores y versiones, incluso cotejadas la semana pasada con el senador Mercier, los casos que se mencionan son inexistentes. Fueron chequeados y fueron rechazados por quienes eran mencionados como posibles víctimas, por lo que no se pudo iniciar ningún marco de investigación. Son rumores que al ser cotejados no fueron corroborados por nadie, por lo cual no se pudo trabajar en una investigación puntual. Si evaluamos los dos hechos donde interviene la Justicia, por el momento, no encontramos ningún hilo conductor ni tampoco las características de una banda o algún contacto que haría suponer algo más grave. No estamos ante la presencia de una banda, con los elementos que tenemos hasta el momento. Fueron hechos graves”, explicó el ministro.

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Sin ligazón

Cuenca negó que el gobierno se haya enterado por los medios de comunicación de ambos hechos, sino que el caso de Santo Tomé empezó a investigarse en los primeros días de enero, pero aclaró que la víctima se alejó durante algún tiempo de la ciudad. “No encontramos ligazón entre ambos hechos”, insistió. Luego, Lacava insistió en señalar que hubo otros cuatro hechos y al final del encuentro, le acercó alguna documentación al funcionario.

Vucasovich apuntó a que la policía va detrás de los hechos, y se preguntó si no hay servicios de inteligencia actuando, a lo que Iparraguirre contestó recordando la vigencia de leyes de seguridad interior, de inteligencia y de defensa nacional, votadas en los últimos años. Además anunció la decisión de crear una dirección de inteligencia criminal en la policía, para trabajar mejor en la prevención del delito. “Este gobierno va a trabajar en el relevamiento de información para prevenir el delito”, aseguró el secretario.

La legisladora dijo que en materia de estadísticas, el gobierno viene aplicando un método similar al del Indec, para esconder datos, lo que motivó el enojo de Iparraguirre, quien aseguró que en materia de homicidio, no hay cifras negras. “Hay más patrulleros, pero no menos delitos”, recalcó Vucasovich.

“Frente a la complejidad de causas de inseguridad y de violencia, se requieren respuestas complejas, con una acción integral del Estado, no solo policías”, dijo Iparraguirre, y entonces mencionó el gabinete social, la participación de los gobiernos locales, el equipamiento policial, etc.

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ADEMÁS

El PJ ante las leyes electorales

Diputados y senadores peronistas acordaron reunirse esta noche en la sede partidaria, para unificar criterios, ante el mensaje del Poder Ejecutivo, que propicia una serie de reformas a las normas electorales vigentes para acortar plazos y evitar la realización de elecciones primarias en aquellas localidades donde todos los partidos o frentes tengan una sola lista.

El ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, entregó el año pasado un borrador del proyecto a todas las fuerzas políticas, y no fue respondido oficialmente por el PJ, tras lo cual el Ejecutivo remitió el proyecto en diciembre último, y habilitó el tratamiento en Extraordinarias. El Frente Progresista ya emitió el dictamen en las respectivas comisiones de Diputados, cámara que podría considerarlo en la sesión de mañana.

El propósito de la reunión entre legisladores justicialistas es unificar una postura e incluso sugerir algunos cambios, y en caso de llegar a algún acuerdo con el oficialismo, apurar el tratamiento del tema.

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Adelantados

Cuenca e Iparraguirre llegaron quince minutos antes del horario previsto a la reunión y se dirigieron en forma inmediata a la Presidencia, donde los esperaban, entre otros, Eduardo Di Pollina, Raúl Lamberto y Leonardo Simoniello.

Antes del mediodía, Cuenca se retiró con destino a Ezeiza para tomar el vuelo hacia Asunción mientras que Iparraguirre se quedó hablando con legisladores, y respondiendo preguntas de los periodistas.

Amenazas

Federico Reutemann quiso saber si hubo avances en la investigación de las amenazas al procurador general, Agustín Bassó, y al camarista penal Julio De Olazábal. El ministro dijo que dispusieron una custodia especial, pese a la negativa, en primera instancia, de ambos, y no descartó que los hechos tengan que ver con la apertura de jurys en la Justicia santafesina.

El mismo legislador quiso saber sobre “la bomba colocada al presidente comunal de Sancti Spiritu”. El ministro le aclaró que era de estruendo y que el propio damnificado estuvo reunido en las últimas horas en esta capital, con el jefe de la policía santafesina.

Escasez

Iparraguirre advirtió sobre la falta de personal para cubrir las vacantes en la policía santafesina, especialmente en el sur de la provincia. El secretario precisó que en Rosario falta cubrir 180 cargos y para salvar la insuficiencia de personal, se le entregaron más motos para los patrullajes.

También falta cubrir vacantes dispuestas para General López, Caseros y Belgrano, por escasez de personal de esa zona para integrar la fuerza de seguridad.