Persisten algunas incógnitas
Diputados se encamina a darle media sanción al presupuesto
El oficialismo tiene los números necesarios y el justicialismo insiste en llevar el asunto al recinto. Incógnita sobre lo que pueda ocurrir en el Senado donde cambian las mayorías. Esperan información adicional del Ejecutivo sobre el destino de algunas partidas.
Los radicales Fascendini y Dadomo junto al resto de sus compañeros de bancada mantuvieron reuniones con intendentes y presidentes comunales partidarios para analizar el impacto de la obra pública en los distritos. El primero será el encargado de justificar el proyecto en el recinto.
Foto: El Litoral
Mario Cáffaro
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El presupuesto general de gastos y recursos para el ejercicio 2009 tendría media sanción el jueves próximo en la Cámara de Diputados. Los dos frentes -el oficialista Progresista, Cívico y Social y el opositor justicialista- más allá de las diferencias lógicas parecen estar encaminados a votarlo y dejar después la definición en manos del Senado donde la oposición tiene cómoda mayoría.
La comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el radical Carlos Fascendini fue convocada a una reunión para el mismo jueves, a las 10; donde emitiría el dictamen que se votaría por la tarde ya que tiene acordado un tratamiento preferencial. Las seis firmas oficialistas habilitarán la llegada del asunto al recinto. En el justicialismo, todavía no hay definición oficial pero gana adeptos la postura abstencionista. Hasta el momento, en los dictámenes de las restantes comisiones, los diputados del PJ expresaron diferentes posturas desde disidencias parciales, rechazos hasta abstención.
El reglamento de Diputados establece que las distintas comisiones deben enviar dictamen sobre el mensaje del Ejecutivo a la comisión de Presupuesto y Hacienda en un plazo no superior a los 60 días de ingreso. Salvo cuatro comisiones, las demás ya se expidieron. Las que no lo hicieron están presididas por oficialistas no socialistas. Tres están en manos de radicales: Obras Públicas (Hugo Marcucci), Asuntos Comunales (Alfredo Menna) y Medio Ambiente (Santiago Mascheroni) mientras que la cuarta es Transporte en manos del arista Pablo Javkin.
Diputados y senadores radicales tienen una fuerte presión de intendentes y presidentes comunales partidarios para que el proyecto garantice una serie de obras públicas a ejecutar por el gobierno.
Los pocas dudas sobre el tratamiento del jueves pasan por alguna información adicional que han reclamado los diputados y que desde el Ministerio de Economía acordaron enviar en los primeros días de la semana venidera.
El dictamen
El Poder Ejecutivo envió el pasado 1º de octubre el mensaje con el proyecto de presupuesto aprobado con acuerdo de ministros, cuya propuesta preveía los recursos de la reforma tributaria que luego fue rechazada por el Senado. Un nuevo mensaje redujo el monto de recursos y de gastos por la cifra que pretendía ingresar el Ejecutivo con la reforma: 641.700.000 de pesos. El dictamen incorporará como dos nuevos artículos a ese segundo mensaje. Hasta ahora, además, se incluirán artículos para garantizar la estabilidad laboral de los administradores provinciales y se habilitará al Poder Legislativo a ampliar la planta de personal para dar cumplimiento a la ley de reincorporación de cesanteados durante la última dictadura militar. Serían seis casos.
En el Senado, se habría realizado un sondeo a Diputados para incluir en la planta legislativa más personal para integrarlo a las comisiones bicamerales. Una ley del año 2000 mantiene congelada la planta de personal permanente de la Legislatura y de hecho no permite cubrir las vacantes.
Otra discusión pasa por el rol del Poder Legislativo en los nuevos cargos previstos en el presupuesto. Según el justicialista Mario Lacava, son 9.000, y según el oficialismo, no son 6.000, muchos de los cuales ya fueron aprobados en leyes especiales para la incorporación de docentes y policías. Los demás son cargos a crearse en diversas áreas del gobierno. Se prevén 354 para la Justicia y 400 para la Agencia Santafesina de Seguridad Vial, por ejemplo, dijo un diputado oficialista no sin añadir que le parecían muchos para esta última.
Diputados y senadores justicialistas aseguran no haber unificado aún la posición más allá de diálogos constantes entre varios de ellos. “Esto no es la reforma tributaria. No se puede dejar sin presupuesto a un gobierno, tenemos diferencias con el mensaje que no nos llevarían al rechazo total”, dijo uno de los jefes de bloque de la Cámara Baja. De todas maneras, restan aún conocerse algunas cartas que en política siempre pueden aparecer.
El proyecto de presupuesto 2009 prevé en la administración central 5.183 cargos más que los autorizados en el presupuesto 2008 para ese rubro. El anterior presupuesto -elaborado por la gestión Obeid y ejecutado por la de Binner- tenía 100.984 cargos. Para este año se prevén 106.167. Tres leyes del último año justifican la mitad de ellos. Se trata de la Nº 12.858 que autorizó la incorporación de 1.800 policías; la Nº 12.810 con 550 para el servicio penitenciario y la Nº 12.857 con 1.022 para el sistema educativo.
El oficialismo justifica la diferencia los 1.633 restantes en mayores necesidades de personal en varias carteras como Gobierno y Reforma del Estado (604); Salud (663); Trabajo y Seguridad Social (171) y Desarrollo Social (136), entre otros.
En el Poder Judicial, el presupuesto incorpora 354 cargos. En organismos de la Seguridad Social, se prevén 40 más en Iapos y la misma planta en la Caja de Jubilaciones.
En los organismos descentralizados, hay 12 nuevos cargos en la Sindicatura; 50 en Iapip; 19 en API; 15 en Catastro; 25 en Lotería y 28 en Vivienda y Urbanismo.
En las empresas, la EPE tiene previsto 325 cargos y Assa, 94.
La justicialista Silvina Frana insistió en señalar que “el único aspecto que vamos a votar en contra es la creación indiscriminada de más de nueve mil cargos. Durante el año 2009, cada vez que se demuestre su necesidad y su destino, votaremos la ampliación de cargos, como lo hicimos en el 2008 que habilitamos más de tres mil para docentes, policía y servicio penitenciario en tiempo récord, cada vez que el gobierno lo solicitó”.
