Una política anticontrol
La renuncia de Manuel Garrido a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas fue el corolario del sostenido accionar del gobierno nacional para restarle atribuciones, y obstaculizar el impulso a causas vinculadas con la corrupción en el Estado.
El disparador fue la resolución 147 de la Procuración General, de noviembre de 2008, que acotaba la intervención de la FIA a las causas que hubieran tenido inicio en una denuncia del organismo, y en las que, además, el fiscal de turno desistiera de proseguir la acción penal.
Amparado en la necesidad de evitar superposiciones y eventuales colisiones de criterios entre la FIA y los fiscales del Poder Judicial, y sin privarse de aludir al supuesto afán de figuración y autopromoción de Garrido, el procurador Esteban Righi bloqueó así la posibilidad de que el trabajo de los profesionales especializados en cuestiones de administración del Estado y en la normativa aplicable, contribuyan con sus investigaciones e incluso con su vigilancia, a que los trámites no se estanquen y avancen hacia resultados concretos.
Y lo hizo invocando un eventual conflicto, que es real, pero que podría haberse resuelto de otra manera. Sobre todo porque la jurisprudencia de la Suprema Corte y de tribunales internacionales, y la mayor parte de la doctrina, se han pronunciado por preservar el accionar dirigido a prevenir o combatir la corrupción, antes que a entorpecerlo por cuestiones formales.
Pero además, el mensaje resulta inequívocamente pernicioso para la sociedad, en un contexto donde proliferan las sospechas de irregularidades y la sensación de impunidad para los poderosos de turno. La lista de las causas promovidas o sostenidas por la FIA es más que elocuente al respecto.
La pauta puesta en juego por el Gobierno es idéntica a sus antecedentes: en febrero de este año, el kirchnerismo debió retirar, ante el escándalo desatado, el proyecto para recortar las facultades del presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN). Paralelamente, la Oficina Anticorrupción sufrió diversos recortes de presupuesto y personal e incluso de atribuciones para sus investigadores.
Otro caso paradigmático es el del Consejo de la Magistratura, encargado del proceso de selección de magistrados y también del enjuiciamiento de los acusados por el indebido cumplimiento de sus funciones. Con la modificación del número y la composición del cuerpo de consejeros, el oficialismo se aseguró la llave para permitir o bloquear el paso a los respectivos trámites. Y, a la vez, una poderosa herramienta para disciplinar a los magistrados.
Antes de esto, Néstor Kirchner se había encargado de sepultar la credibilidad de la Sindicatura General de la Nación, designando allí a la esposa de Julio De Vido, funcionaria que dejó su cargo cuando asumió Cristina. Sin embargo, queda claro que la continuidad se mantiene en todos los aspectos.
