Se abre un debate a la sociedad

Propuesta para reemplazar

la Ley de Radiodifusión

El anteproyecto se elaboró a partir del Derecho Comparado, en el tema comunicación audiovisual. Consideró que una nueva norma en la materia era “una deuda de la democracia”.

Desde La Plata y ante el gabinete, la presidenta Cristina Fernández expuso los principales lineamientos. Hoy la jefa de Estado viaja a Brasil.

Foto: DyN

De la redacción de El Litoral/La Nación

[email protected]

EFE/Télam

La presidenta argentina Cristina Fernández presentó ayer una propuesta para el “debate social” de un proyecto de ley que reemplace la actual norma que regula la radiodifusión en el país, que data de la última dictadura militar.

La iniciativa abre una ronda de consultas entre organizaciones no gubernamentales, universidades, sindicatos y empresas de medios a partir de un anteproyecto de ley que, según destacó la mandataria, se elaboró a partir del Derecho Comparado en materia de comunicación audiovisual.

Fernández dijo que impulsar el debate de una nueva ley, primero en la sociedad y luego en el Parlamento, es una “vieja deuda de la democracia”, ya que la norma vigente rige desde 1980, cuando el país era gobernado por el último régimen militar (1976-1983).

La presidenta explicó que esa ley no sólo está “invalidada por su origen”, sino también “por el salto tecnológico en el campo de la comunicación” que hubo desde su aprobación, cuando la más reciente innovación era la televisión a color.

“Necesitamos un soporte jurídico que incorpore las nuevas tecnologías y no ahonde la brecha en el acceso a la información”, señaló la mandataria, quien confió en que la nueva norma permitirá a “todos los argentinos” ejercer el derecho a la expresión y el acceso a “bienes de carácter social que no pueden ser monopolizados por un sector o una empresa que se crean dueños de la palabra”.

No involucra a los diarios

Fernández aclaró que la nueva norma se refiere a los medios audiovisuales y “no involucra a los periódicos”, y vaticinó que, como el debate afectará intereses empresarios, “habrá piedras en el camino e intentos de tergiversación” de la iniciativa.

Partidos de la oposición y algunos medios de comunicación miran con recelo el anteproyecto de ley de un gobierno con complejas relaciones con algunos sectores de la prensa.

El mercado de medios audiovisuales de Argentina está liderado por el grupo Clarín, controlado por capitales argentinos, pero en las radios y canales de televisión del país también hay importantes inversiones mexicanas, españolas y estadounidenses, además de otras locales.

La reforma que impulsa el Ejecutivo “va a ratificar el criterio vigente del 30 por ciento de inversión extranjera” como tope en el sector, según confirmó a EFE Luis Lazzaro, coordinador general del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer).

El anteproyecto también pone límites a las atribuciones de los concesionarios de frecuencias de radio y televisión, que en un 33 por ciento deberán ser adjudicadas a organizaciones sin fines de lucro.

“Por primera vez, iglesias, universidades, fundaciones y sindicatos podrán acceder a tener una señal de transmisión, un lugar para expresar su voz”, destacó Fernández de Kirchner.

///

ADEMÁS

“Pantalla de extorsión”

Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica, opinó que para debatir una ley de radiodifusión “tiene que haber un ambiente democrático y para que lo haya, el matrimonio presidencial no puede estar insultando medios, no puede estar comprando medios”.

“El gobierno lo que quiere es presionar a determinados medios para que pasen su mensaje. Es simplemente una pantalla de extorsión para generar en los medios un ámbito más de control gubernamental”, remarcó la diputada.

Por su parte, la radical Silvana Giúdici, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, dijo que el anteproyecto “evidentemente es un objetivo de campaña, está destinado a seguir presionando a los medios de difusión”.

///

EL DATO

Desconcentración

El interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, anticipó que el 60 % de las producciones en los canales de televisión deberá ser nacional. Según el funcionario, la norma tiene la finalidad de “desconcentrar el mercado e impedir que un grupo tenga en una misma zona la radio, el diario, la señal de cable y la distribución”.

Cambios

Del anteproyecto se desprende que las principales innovaciones respecto de la ley vigente serán las siguientes:

Reducción de 24 a 10 en la cantidad de licencias de radio y TV que podrá tener un mismo dueño.

Permiso para que las empresas de servicios públicos, como telefónicas o cooperativas, puedan acceder al mercado de la televisión por cable.

Mayor intervención de la televisión estatal en las transmisiones de partidos de fútbol, hoy restringidas mayoritariamente a la TV por cable y codificada.

Se habilita a las empresas de servicios públicos a prestar servicio de televisión por cable e Internet, como las compañías telefónicas. Éstas estaban inhabilitadas por la actual ley y lo tenían prohibido, además, por el pliego de licitación de la ex Entel.

Se elimina al Comfer y se crea una autoridad federal. Estará compuesta por cinco miembros, de los cuales a tres los designaría el Poder Ejecutivo y los otros dos serían representantes de la oposición en el Congreso. Tendrá la potestad para otorgar las licencias de radiodifusión.

Se crea una comisión bicameral de seguimiento de la actuación de esa autoridad y un consejo federal integrado por provincias y universidades.