Nota al ministro Superti

Catedráticos cordobeses apoyan los proyectos de reforma penal

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, recibió una nota firmada por Jorge I. Cafferata Nores y Jorge R. Montero, profesores titulares de la cátedras de Derecho Procesal Penal de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, opinando favorablemente sobre los cinco proyectos de ley remitidos a la Legislatura santafesina para implementar el nuevo Código Procesal de la provincia.

Se trata de las futuras leyes referidas a la transición, a los testigos y víctimas, a los jueces, a la defensa pública y a la fiscalía, iniciativas que se encuentran en manos de la Cámara de Diputados desde el 2 de febrero pasado.

Superti además remitió copia de esos proyectos, entre otras entidades, a los colegios de abogados de la provincia, a las facultades de Derecho de universidades de la provincia y de otras provincias, entre ellas Córdoba, la primera provincia en tener juicio oral en el país.

Cafferata Nores y Montero le agradecen a Superti la consulta y recuerdan que sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal habían opinado favorablemente no hace mucho en la Universidad Nacional de Rosario “pues en lo fundamental, se anota en la vanguardia del movimiento de reformas procesales penales en marcha en nuestra región”.

Añaden que “la experiencia de otros lugares del país enseña que este proceso de implementación es esencial para que el nuevo Código rinda los frutos que de él se esperan, y también enseña que es quizás la etapa más difícil de transitar y la que mayor compromiso requiere, no sólo de los operadores judiciales, sino de los otros poderes del Estado y entidades de la sociedad civil”.

Según los catedráticos, la primera lectura de los proyectos “evidencia un trabajo elaborado en lo jurídico, que pretende estar sólidamente atado a la realidad judicial local, trabajo en el que también se encuentran plasmadas novedosas ideas en cuanto a la relación que debe existir entre la tarea de los jueces y los ciudadanos comunes, la tutela de la víctima del delito, la asistencia y protección de testigos, entre otras de no menor importancia”.

Por último señalan que “el debate legislativo va a contribuir a enriquecer los proyectos con los diferentes puntos de vista que seguramente existirán”.

En los fundamentos del mensaje a la Legislatura, el ministro Superti señaló que “la sola modificación del Código Procesal Penal sin dotarlo de leyes organizativas acordes implicaría, sin lugar a dudas, la imposibilidad de poner en marcha la totalidad del modelo. La estructura actual actuaría como un verdadero corsé asfixiante que impediría la aplicación de nuevas reglas de juzgamiento y la posibilidad de superar viejas prácticas judiciales”.