Sólo para el ámbito del Poder Ejecutivo

El gobernador decretó el libre

acceso a la información pública

No se deberá acreditar ningún interés legítimo. El acceso será gratuito. Las consultas deberán ser respondidas en un plazo que no exceda los veinte días. Críticas de la oposición.

De la redacción de El Litoral

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Mediante el decreto Nº 692 y con la firma de todos sus ministros, el gobernador puso en marcha un mecanismo regulatorio para permitir el libre acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo. “Con mucha alegría planteamos este tema que siempre fue motivo de controversia; cumplimos así con nuestro compromiso”, dijo Hermes Binner en conferencia de prensa, tras anunciar la medida.

La autoridad de aplicación y quien recibirá los pedidos de información será la Dirección Provincial Anticorrupción. La nueva regulación prevé que cualquier persona física o jurídica, pública o privada, puede acceder a la información pública producida o en manos del Poder Ejecutivo provincial, y toma como principio el de la publicidad de la información. Según el decreto, “cualquier persona, sin necesidad de acreditar un interés específico, de expresar los motivos de su consulta o de contar con patrocinio letrado, puede solicitar la información pública”. El acceso será gratuito. Los sujetos obligados a brindar información deberán ordenarla y sistematizarla a los fines de permitir un fácil y rápido acceso, y tendrán que evacuar la solicitud en un plazo no mayor de 20 días.

Rápido y gratis

El decreto incluye un capítulo referido a la “transparencia activa”. Ello implica establecer un estándar mínimo obligatorio de información que debe estar publicada en la página web de la provincia de acceso libre e inmediato.

En su discurso, el gobernador aseguró que el acceso a la información mejora la democracia. “Tenemos que avanzar para demostrar que se puede ser transparente: es necesario que la gente conozca, que crea en la democracia, en los actos de gobierno que pueden ser con errores o con aciertos, pero tiene derecho a conocerlos”, expresó.

El decreto sentencia en su artículo 9 que este mecanismo debe garantizar “el respeto de los principios de igualdad, publicidad, celeridad, informalidad y gratuidad”. Y aclara que tal información “deberá ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la petición, no habiendo obligación de procesarla, ni ordenarla, ni realizar una investigación para responder al pedido, ni contestar preguntas”.

El formulario que deberá presentarse para requerir la información deberá contener como mínimo, la identificación del sujeto que posee la información solicitada, datos personales del requirente, la información reclamada “con el mayor nivel de detalle posible”, y la firma del interesado.

Por qué decreto

La historia del acceso a la información pública en la provincia tiene varios años. El primer gobernador que ingresó un proyecto de ley sobre el tema a la Legislatura fue Jorge Obeid, en su segundo mandato. Pero después de dilaciones y vaivenes, el mensaje fue reformado con una modificación que se introdujo a instancias del ex senador justicialista Raúl Gramajo, quien propuso “acreditar un interés legítimo” para poder acceder a la información solicitada. Esa condición provocó una fuerte discusión y nunca se alcanzó la sanción del proyecto.

El actual gobierno consagra ahora este mecanismo pero por decreto, y argumenta citando el antecedente de lo “controvertido” que resultó el proceso cuando se quiso aprobar una ley.

“La Legislatura tuvo ya dos tratamientos que fueron rechazados por los senadores, y nos parece que el Ejecutivo tenía que dar una señal de lo que es nuestro criterio de transparencia de los actos de gobierno”, dijo hoy a El Litoral, el ministro Antonio Bonfatti. De todos modos, consideró que si los poderes Judicial y Legislativo tienen intenciones de adherir al sistema, poseen facultades para hacerlo.

El funcionario descartó que por ahora, el gobierno envíe un proyecto a ley a la Legislatura. “Ya hubo mensajes de los Ejecutivos anteriores y no prosperaron, pero la iniciativa puede provenir de los propios legisladores”, opinó.

Otras voces

Consultado por El Litoral, el diputado radical Hugo Marcucci, celebró la decisión del Ejecutivo; consideró que el gesto es “muy importante”, pero admitió que “para consolidar” lo que el decreto consagra, debería impulsarse una ley. A su criterio, “ahora tiene que hablar el Legislativo, y el Legislativo habla a través de las leyes que sanciona”.

Desde la oposición, el diputado justicialista Mario Lacava defendió el libre acceso a la información, pero cuestionó actitudes del gobierno.

“Si el gobernador quiere firmar ese decreto, que lo haga -dijo a El Litoral-, pero lo que tiene que hacer primero es colgar en la web todos los decretos que firma, porque nosotros los buscamos y no los encontramos, como tampoco nos dan la información que solicitamos a través de las Cámaras”.

Lacava comprometió su voto, en caso de que se proponga consagrar el libre acceso a la información por ley, pero insistió con su crítica.

“No me conforma la firma de un decreto; lo primero que tiene que hacer es dar información porque hoy no la está dando. Ésa es su obligación desde que asumió pero hasta ahora, están demostrando que quieren ocultar cosas”, aseguró. Como legislador, adelantó que será un “usuario permanente” del decreto. “Tal vez de esa forma respondan nuestros pedidos de informes en veinte días, como dice el texto”, chicaneó.

El gobernador Hermes Binner, flanqueado por los ministros Antonio Bonfatti y Héctor Superti.

Foto: Información Pública

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EL DATO

Mejorar la gestión

El portal de la provincia tiene un enlace con la Administración Provincial de Impuestos, en el que se puede -por ejemplo- calcular el impuesto sobre la patente para cada marca y modelo de vehículo. Pero los datos allí consignados son erróneos y no han sido adaptados a la normativa vigente para la base de cálculo del gravamen. La iniciativa es útil, pero en este caso encuentra el déficit de una burocracia que inhibe el fin para el cual se crea la herramienta y, peor aún, ofrece información distorsiva.

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ADEMÁS

Excepciones

El decreto contiene 15 incisos que describen las situaciones en las que no se podrá acceder libremente a la información solicitada. Allí se incluye la información “expresamente clasificada como reservada, referida a seguridad, defensa, investigación, inteligencia, relaciones internacionales, o por la existencia de un interés público prevaleciente debidamente fundamentado”. También, los “secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos; cuando se pretenda resguardar estrategias y proyectos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos, de comunicaciones comerciales y/o financieros, cuya revelación pudiera perjudicar el interés público”.

Además, se incluye en la lista de excepciones “la información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial”, la que “pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario de la provincia”; la información “preparada por asesores jurídicos y/o contables, o por abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o en un procedimiento administrativo”; cualquier tipo de información “protegida por el secreto profesional”; notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo al dictado de un acto o a la toma de una decisión, que no formen parte de un expediente; “datos personales de carácter sensible, cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y/o al honor”; la información cuyo acceso “pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona”; cuando por el tipo de información de que se trate, el acceso pueda afectar su conservación material; cualquier tipo de información “susceptible de ser aprovechada por el requirente en forma indebida y/o en desmedro del principio de igualdad y/o de la libre competencia respecto de otras personas”, y tampoco se podrá acceder a las bases de datos de domicilios y/o teléfonos y/o correos electrónicos.