Tras la resolución del Tribunal Electoral de la provincia
Duras críticas a la suspensión de la publicidad electoral e institucional
Distintos sectores políticos dieron su opinión respecto de los límites que marcó el Tribunal Electoral a la publicidad partidaria e institucional antes de las elecciones primarias. La mayoría considera “exagerada” la medida.
De la Redacción de El Litoral
El Tribunal Electoral provincial sentó ayer, tras un pedido realizado por una lista de precandidatos a concejales, el alcance de la prohibición de hacer propaganda proselitista e institucional en la ciudad, de cara a las elecciones del 2 de agosto.
Al respecto, el intendente Mario Barletta no dudó en calificar la decisión como una mordaza. “Esta resolución perjudica a los ciudadanos, empobrece a la política, a las instituciones democráticas y lesiona derechos como la libertad de expresión y de reunión garantizados por la Constitución Nacional”, señaló el mandatario municipal.
El intendente aprovechó la ocasión para comparar la restricción con la situación sanitaria de la provincia: “Más que un barbijo por la gripe A, se quiere poner una mordaza. No permitir que los candidatos expresen ideas, pensamientos ni tengan contactos con la sociedad a través de los medios de difusión no parece acorde con lo que pusieron los legisladores en la ley”.
En relación con la imposibilidad de hacer actos de inauguración y habilitación de obras públicas, Barletta aclaró que cumplirá con las disposiciones vigentes, “como hemos hecho hasta ahora”.
Conformes y no tanto
Danilo Armando, apoderado de la lista Encuentro para Santa Fe, que presentó el recurso “mere declarativa de certeza”, expresó que no esperaban que “no se pueda comunicar ni entrevistar a los candidatos. Queríamos saber puntualmente sobre la colocación de afiches, pasacalles y hacer volanteadas”. A su vez, aclaró que en los próximos diez días hasta las elecciones “no queda más que acatar lo que planteó el Tribunal”.
“Entendemos que es fundamental que la sociedad y los vecinos tengan la mayor información posible por todos los medios de comunicación. Esta resolución no ayuda, pero, si se estableció así, no se puede hacer otra cosa”, finalizó Armando.
Raúl Fernández es representante del Partido 100 % Santafesino y, a diferencia de la postura de Encuentro por Santa Fe, manifestó su conformidad.
“Se garantiza que todas las fuerzas políticas estén en un pie de igualdad. Entendíamos que bajo la simulación de actos de gobierno se escondía campaña proselitista”, aseguró Fernández.
Tras las declaraciones del intendente, el apoderado de 100 % Santafesino dio una opinión contraria. “No creemos que sea una mordaza. Los partidos hicieron campaña antes de que se suspendieran las elecciones; se dieron a conocer ideas y ahora se puede hacer, pero de manera particular. Si no, las fuerzas que no son oficialistas corrían con desventaja”.
Derechos avasallados
Por su parte, la concejala oficialista Adriana Molina, en un comunicado expresó su disconformidad con la resolución y cuestionó “la puesta en juego de dos derechos constitucionales, como son el de la información y a la libertad de pensamiento y expresión.
“La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, indispensable en la formación de la opinión pública y una condición esencial para la ciudadanía a la hora de ejercer sus opciones”, apuntó la edil.
“No corresponden en materia de Derecho Electoral posiciones que avasallen derechos civiles, derechos humanos, como el de opinión, de libertad de expresión y el de información, a los efectos de una decisión política trascendental cual es la elección de quienes serán sus candidatos a representarlos”, agregó Molina.
Según aclaró, “una medida impeditiva del ejercicio de un derecho fundamental debe superar el juicio de proporcionalidad exigible: conseguir el objetivo propuesto, ser necesaria, esto es, que no exista otra medida más moderada para lograr tal propósito con igual eficacia y ser equilibrada, por derivarse de ella más ventajas para el interés general que perjuicios”.
Leonardo Simoniello, diputado provincial por el Frente Progresista Cívico y Social, dijo que “la veda resuelta por el Tribunal y no por la ley, durante 30 días, no sólo atenta contra las garantías previstas en nuestra legislación, sino que dificulta notablemente el derecho de los ciudadanos a utilizar distintos medios para poder informarse.
“A la política le estamos sacando política. A la democracia le estamos quitando democracia. Se les está impidiendo a los candidatos manifestarse durante un mes antes de una elección. Esto es impensado, inédito y, principalmente, desacredita un proceso como el eleccionario, fundamental en la vida democrática”, destacó Simoniello.
