Surgen algunas objeciones

Opiniones de especialistas sobre las

limitaciones a la campaña electoral

Los abogados especialistas en Derecho Constitucional José Manuel Benvenutti y Carlos Caballero Martín expusieron sus consideraciones -con acuerdos y objeciones- a la decisión del Tribunal Electoral sobre la campaña electoral.

Redacción de El Litoral

[email protected]

El Tribunal integrado por los jueces Roberto Falistocco, Ramón Ríos y Enrique Müller dio a conocer días atrás su interpretación sobre los alcances de la ley 12.982 -que prorrogó la fecha de elecciones y impuso límites a la campaña- a partir de la cual se ha desatado un debate sobre las características de la vida electoral de cara a las elecciones del domingo 2 de agosto.

El Dr. Juan Manuel Benvenutti, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, sostuvo que “inicialmente se debe entender que no se trata de la clausura del período de campañas electorales dispuesto por el artículo 7 de la Ley 6.808 y demás normas aplicables. Tampoco del supuesto de la limitación temporal concomitante a la realización del comicio, de las campañas publicitarias (veda) para que el ciudadano pueda disponer de un tiempo propio de reflexión, (que en los hechos se inicia a las 8 horas el viernes 31 del mes en curso), sino de una limitación que busca garantizar el principio de igualdad frente a un acto electoral (postergado por razones de fuerza mayor en el tiempo), cuando ya estaba llegando a su término la campaña”.

Agrega Benvenutti que “de una situación particular, que es recogida por el Tribunal al reconocérle a los candidatos y a sus adeptos la posibilidad de concretar acciones directas respecto del elector. Donde y desde nuestra óptica, el Tribunal equivoca el encuadre es al referirse a la neutralidad informativa en materia de reportajes, pues, es a través de este medio (reportajes-entrevistas) a partir del cual el ciudadano ve plasmado en la manera más amplia en el marco particular referido- su derecho a informarse. Y el del medio, gráfico, radial, televisivo, etc., a informar”.

Sostiene seguidamente que “no debe perderse de vista que en su momento el adelantamiento de las elecciones nacionales obligó a correr en una semana las primarias a nivel provincial y, su posterior postergación por las circunstancias que son públicas, para el 2 de agosto próximo en función de la ley Nº 12.982”.

Benvenutti sostiene que “en ese marco complejo, la resolución del Tribunal merece en general destacarse con las observaciones hechas al derecho de informar e informarse que aparece indebidamente limitado, retaceado. En efecto, se refiere correctamente al alcance y contenido de una “Campaña Electoral’ y su finalidad; al rol que cumple la información como uno de los factores legitimantes del Estado Constitucional de Derecho. Sin embargo, se equivoca el encuadre al considerar que las limitaciones previstas por la ley alcanza a la información brindada, por ejemplo, a través de entrevistas/ reportajes, que como queda dicho vienen a ser las formas más genuinas y directas por la que el postulante puede hacer conocer sus propuestas a la ciudadanía frente a un evento electoral concreto. Prohibición contemplada en los considerandos pero que paradojalmente, no aparece en la parte resolutiva del decisorio”, concluye.

“Poco criteriosa”

Por su parte, el Dr. Carlos Caballero Martín -profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina- sostuvo que “si bien no desconocemos el espíritu que impulsó a algunos sectores a impulsar la prórroga de la veda junto a la prorroga de los comicios, la misma no ha sido criteriosa. Nos encontramos ante un hecho novedoso. La realización de elecciones sin campaña electoral. Mejor dicho la misma clausurada con un mes de anterioridad”.

Para este profesional “la prórroga de dicho acto electoral debía haberse realizado con las respectivas prorrogas de los plazos accesorios como en este caso la veda a la actividad proselitista” y, a la vez, recordó que “la veda se incluyó en las primeras legislaciones como norma prohibitiva de que se realicen las por esos tiempos clásicas “encerronas’ mediante las cuales a grupos de ciudadanos, generalmente peones rurales se les quitaba los documentos el día sábado por la tarde. Se los “invitaba’ por la noche con un buen asado regado por abundante tinto y al otro día se los subía a un camión en donde se le devolvían las libretas con la boleta del caudillo dentro”.

Sostiene seguidamente que “para el mantenimiento de la veda la encerrona se cambió por tiempo de reflexión, que en realidad es un espacio temporal donde nadie reflexiona” y señaló que “una norma razonable lo hubiese constituido permitir que desde el miércoles al viernes anterior a la elección se hubiese permitido la campaña proselitista. Por lo menos nos ayudaría a acordarnos de quiénes son los candidatos”.

Se procuró evitar las disimilitudes

El jueves 2 de julio pasado, los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti y de Salud, Miguel Ángel Cappiello, se hicieron presentes en la Legislatura para llevar a las autoridades de ambas Cámaras y de las bancadas partidarias la propuesta del Poder Ejecutivo de prorrogar la realización de las elecciones primarias y, como consecuencia de ello, de las generales para elegir concejales, algunos intendentes e integrantes de las comisiones comunales. El motivo era la pandemia por la gripe A, que para principios de julio se había cobrado ya cinco muertes en la provincia.

La tarde anterior, Bonfatti había hecho distintas consultas sobre la conveniencia sanitaria de retrasar la fecha del comicio. Incluso, se temía que como consecuencia de la enfermedad o del pánico generado, no se pudieran constituir las mesas electorales.

En la Legislatura, los ministros se reunieron con los titulares de los bloques, quienes se avinieron a la redacción de un proyecto de ley estableciendo la prórroga comicial. El justicialismo solicitó para votar la norma, la declaración de emergencia sanitaria provincial y la extensión de la veda electoral que comenzaba al día siguiente hasta la nueva fecha de las primarias. Esta petición fue bien vista también por sectores internos del Frente Progresista Cívico y Social. Los jefes de bancadas redactaron un texto que fue convertido en ley por unanimidad en esa misma jornada y al otro día el Poder Ejecutivo lo promulgó.

Con el correr de los días, la veda de la publicidad electoral se convirtió en un bumerán para los precandidatos que cumplieron con la legislación vigente y resultó un vacío para la información que debía tener el elector para definir su voto. Hubo presentaciones ante el Tribunal Electoral que interpretó con sentido restrictivo la letra de la ley.

En razón de ser un partícipe principal del nacimiento de la norma, fue consultado el ministro Bonfatti quien centró “en el cese campaña publicitaria” el espíritu del único artículo que sobre el tema contiene la ley votada el 2 de julio. “Se quiso evitar las desimilitudes entre los distintos sectores hacia el interior de los partidos, es decir evitar que algunas corrientes se encontraran en desventaja con respecto a otras por tener menor potencial económico para hacer frente a un mes más de campaña publicitaria en los medios. Ése fue el espíritu de la ley”, dijo Bonfatti..

El ministro dijo que “quizás la redacción de la norma en sí no le posibilitó al Tribunal Electoral hacer otra interpretación que la hecha” y deslizó la posibilidad de que los apoderados de las listas oficializadas puedan pedir al Tribunal “una aclaratoria sobre las actividades que pueden realizar, como por ejemplo reunirse en los barrios. De todas maneras -indicó-, la norma incide más en las ciudades grandes como Santa Fe y Rosario que en las localidades pequeñas donde todo el mundo se conoce”.