EDITORIAL
Un impuesto que atrasa
El proyecto de ley que desgrava la producción de electrónica en Tierra del Fuego y eleva el impuesto a productos importados de ese rubro, o producidos en el país fuera de esa jurisdicción, consolida viejos desequilibrios de la Argentina y genera nuevos problemas en la sociedad de la información y el conocimiento.
Debe quedar en claro que la iniciativa es, antes que nada, fiscalista. El gobierno nacional recaudará no menos de $ 3.000 millones de pesos con la mayor recaudación diseñada a nombre de las necesidades de Tierra del Fuego; pero la provincia patagónica recibirá no más de $ 500 millones.
Si el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entiende que aumentar impuestos al consumo de tecnología es la manera de resolver el rojo de las provincias, la Casa Rosada tendrá un serio problema con los déficit de grandes distritos como Córdoba y Buenos Aires, o en forma inminente incluso el de Santa Fe. Ese problema requiere de una solución fiscal integral, que el gobierno nacional rehuye y que agrava el problema.
El diputado nacional santafesino Hugo Marconato justificó el proyecto en nombre del oficialismo en Diputados. El desarrollo de la industria nacional que sustituye importaciones fue uno de sus argumentos, aunque no se conocen más que especulaciones sobre lo que en rigor son plantas de ensamblaje de insumos importados. La pobreza fue otro de los fundamentos; Marconato ignoró que en Santa Fe hay más pobres y que la ley le saca más recursos de este distrito.
El mayor costo al consumo de los electrónicos supone un retraso relativo de los procesos de comunicación, que impactan en la producción y en la educación. La brecha y el analfabetismo tecnológicos no son contemplados en los fundamentos del proyecto oficialista, que no necesariamente promueve el desarrollo de productos nacionales.
En el mundo, los modelos exitosos para la producción de tecnología son los que invierten en investigación y alcanzan desarrollos novedosos. Ni siquiera las grandes potencias dilapidan recursos para hacer lo que ya disponen en el resto del mundo; pero esta realidad tampoco está contemplada en la norma.
Dos recientes resoluciones del gobierno nacional ayudan a dimensionar el sentido de lo que se considera como producción argentina en Tierra del Fuego. A las fábricas de celulares o de cámaras fotográficas, se les requiere que las cajas, algunas etiquetas, los manuales de instrucciones y algunos otros envoltorios sean de producción argentina; y con eso desgrava selectivamente el ingreso de insumos importados.
La discapacidad funcional entre los propósitos enunciados en la norma y la realidad que ella promueve es alarmante. Sólo una acción deliberada, y deliberadamente negada, puede justificar una distorsión semejante entre los objetivos enunciados y los que de hecho se pueden alcanzar.
El país debe tener políticas de producción industrial, sustitución de importaciones y desarrollo tecnológico, como también debe tener políticas de Estado en agricultura, educación o en materia previsional. Pero eso, se sabe, no se logra con el voluntarismo presidencialista consentido en la incongruencia parlamentaria.
