Edición del Domingo 23 de agosto de 2009

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Los desafíos del nuevo sistema de Justicia Penal Juvenil - Área Metropolitana Área Metropolitana

Los desafíos del nuevo sistema de Justicia Penal Juvenil

Gimol Pinto

Especialista en Protección a la Infancia y Adolescencia de Unicef

Santa Fe (Especial para la Red de Diarios en Periodismo Social).— La reciente aprobación en general por parte del Senado de la Nación de un nuevo régimen legal para los adolescentes en conflicto con la ley penal renueva el debate que debe darse en los distintos ámbitos en forma integral y articulada, para garantizar la construcción, en todo el país, de un sistema especializado para adolescentes, respetuoso de sus derechos y garantías consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

El estudio “Adolescentes en el sistema penal” realizado por Sennaf, Untref y Unicef, con información por primera vez relevada a nivel nacional, aporta nuevos elementos de análisis para el debate, que logran superar una visión estigmatizante sobre los adolescentes infractores, y permiten orientar la actual discusión con insumos concretos para la construcción de un nuevo marco normativo-institucional nacional y provincial, que siga los estándares de derechos humanos constitucionales e internacionales.

Los datos y desafíos más destacados del estudio consisten en:

a) Las características del sistema: de 6.294 adolescentes con causas penales, el 29 % se encontraba privado de la libertad, en su mayoría por delitos contra la propiedad, efectuados sin armas.

b) La necesidad de un sistema especializado: un tercio de las instituciones que aloja a adolescentes son comisarías o penitenciarías, y no instituciones especializadas para jóvenes. También este déficit se ve en la aplicación de medidas no privativas de la libertad que concentra al 70% de la población abarcada, pero sin adecuado acompañamiento, por ejemplo: sólo 9 provincias contaban con programas de libertad asistida.

c) La urgencia de cumplir con otros derechos para lograr una verdadera reinserción social: además de respetar las garantías judiciales, es necesario garantizar el pleno acceso a la educación, brindando mayor cantidad y calidad educativa, formación para el empleo y un adecuado acceso a salud.

En este marco, la reforma legislativa pendiente a nivel nacional recobró impulso en estas últimas semanas, a partir de la votación en general del proyecto por la Cámara de Senadores de la Nación, quedando por definir aún (tanto en la votación en particular que se hará en las próximas semanas como en el debate posterior en la Cámara de Diputados) varios de los desafíos mencionados que el nuevo sistema deberá enfrentar para consolidarse como una profunda transformación en la forma de tratar y administrar los conflictos jurídico-penales cometidos por adolescentes.

De esta forma, la reforma legal a nivel nacional buscará superar el actual sistema vigente desde la última dictadura militar, para sustituirlo por uno que regule adecuadamente los mecanismos de sanción, reparación y reinserción social, los cuales deberán buscar evitar reincidencias y generar oportunidades de inclusión ciudadana. Sin embargo, es imprescindible no dejar de lado las políticas de prevención, únicas capaces de evitar que el sistema no colapse y no sea sustitutivo de políticas sociales dirigidas a los jóvenes. Al mismo tiempo será importante continuar la transformación normativa, institucional y jurisprudencial iniciada en las provincias, que está poniendo en funcionamiento mejores prácticas de intervención con adolescentes infractores.

Por su parte, es imperioso reconocer que junto con la necesaria regulación de mecanismos a nivel nacional de rectoría, monitoreo, seguimiento, acompañamiento y asistencia, es indispensable una adecuada inversión presupuestaria para convertir una herramienta legal en un instrumento útil para la transformación e inclusión social en todo el territorio nacional; teniendo en cuenta que las medidas efectivas alternativas a la privación de la libertad no necesariamente son las más costosas.

En los últimos años, el país ha dado importantes pasos en la consolidación de nuevos marcos legales adecuados a tratados de derechos humanos. La reforma legal nacional en materia penal juvenil debería enmarcarse en este proceso de transformación cultural e institucional, para garantizar que pueda convertirse en generadora de nuevas oportunidades y otros futuros para los adolescentes infractores a la ley penal.

/// BREVES

Córdoba: el 20 % de los detenidos son chicos

La participación de adolescentes en delitos no varió de manera significativa en los últimos años, según se desprende de las últimas estadísticas oficiales disponibles respecto de detenidos en unidades judiciales de Gran Córdoba. Según cifras de la Policía Judicial de la provincia, durante el año pasado sólo el 20 por ciento de los detenidos fueron chicos, mientras que en 2007 el porcentaje fue un poco mayor: el 21 por ciento.

Sin embargo, aunque el porcentaje fue casi idéntico, la cantidad de jóvenes que pasaron por las unidades judiciales registró un leve aumento. El incremento fue más importante en las cifras de adultos.

Diario La Voz del Interior

Tucumán: un abanico de disparadores

Son diversas las causas que llevan a un menor a entrar en conflicto con la ley. La exclusión social, la ausencia de proyectos de vida, la falta de contención familiar y el consumo de drogas son algunas de las razones. Un informe señala que el 90 por ciento de los chicos que delinquen provienen de hogares de escasos recursos. Por su parte, el juez de Menores, Raúl Ruiz, sostuvo que “el 95% de los jóvenes detenidos es poliadicto, adicto o hace uso abusivo de sustancias tóxicas. Eso es muchas veces lo que los lleva a cometer delitos. Son muy pocos los que sólo tienen trastornos de conducta”.

Diario La Gaceta de Tucumán



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