Conflictos de representación
La vigorizada reinstalación del Congreso en la escena pública, como espacio para dirimir conflictos e, incluso, para determinar el rumbo de políticas de Estado, ha elevado el protagonismo de diputados y senadores, y también la visibilidad y el seguimiento de sus actitudes y comportamientos. Máxime si, como pocas veces antes, su actuación previa y sus tomas de posición fueron determinantes a la hora de escogerlos en las últimas elecciones.
Triquiñuelas parlamentarias, alineamientos silentes o conductas funcionales al poder de turno que antes pasaban inadvertidos o merecían escasa atención, en contextos de abrumadora preeminencia del Poder Ejecutivo -sobre todo cuanto éste gozaba del favor popular-, pasaron a ocupar ahora el centro del debate y exponer a sus responsables al más atento escrutinio.
En este contexto, la polémica suscitada por la firma de la senadora Roxana Latorre en el dictamen sobre facultades delegadas, que facilitó su tratamiento en el recinto, trajo particularmente a colación una serie de interrogantes sobre la naturaleza de la representación y las condiciones de su ejercicio.
La discusión asume un especial cariz por efecto del controvertido adelantamiento de las elecciones, ya que originalmente los comicios para la renovación legislativa estaban previstos para octubre. Es decir que, de haberse mantenido las reglas de juego, todavía faltaría más de un mes para la evaluación del electorado santafesino sobre la actuación de sus senadores y el cumplimiento o no de su compromiso con la provincia.
Ahora, impedidos de pronunciarse en ese test electivo, quienes se sienten defraudados se quejan airadamente y exigen una renuncia, invocando la violación del mandato popular.
Lo cierto es que, desde el punto de vista legal, nadie tiene legitimación para forzar una dimisión; excepto el propio Senado, en caso de una inconducta que en este caso no se verifica. Tampoco puede hacerlo el partido -que en este caso no es el Justicialista, sino una alianza de fuerzas pequeñas-, ya que la banca pertenece al legislador que fue electo para ocuparla. Máxime si, como ocurre desde la reforma de 1994, los senadores son elegidos directamente por el pueblo de la provincia, y no por las respectivas Legislaturas provinciales y sus circunstanciales mayorías políticas.
Crisis de los partidos, carencia de democracia interna, representatividad cuestionada, tensión entre alineamientos políticos y defensa de la comunidad, choque de intereses particulares y generales, internismos y posicionamientos personales, efecto de nivel de correlato entre expectativas y acciones concretas se conjugan para poner de manifiesto un defectuoso entramado institucional.
En este marco, la noción de “ética de la responsabilidad”, que toma en cuenta la capacitación técnica, académica y profesional de los candidatos para ejercer el cargo al que se postulan, deberá seguramente ser incorporada por los electores como un elemento cada vez más determinante a la hora de resolver quiénes serán los encargados de representarlos.
