Mirando la experiencia chilena
El cambio del sistema penal exige consenso, gestión y presupuesto
Lo que dejó el viaje de una delegación santafesina que visitó Santiago de Chile. La mirada está en la Legislatura, que debe votar leyes que permitan la puesta en vigencia del Código votado en el 2007.
En la Corte Suprema de Justicia de Chile, el titular del máximo tribunal santafesino, Roberto Falistocco; el ministro chileno Haroldo Brito, la vicegobernadora Griselda Tessio y el ministro de Justicia, Héctor Superti.
Foto: Gentileza Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Mario Cáffaro
Fuerte consenso político en el camino a seguir, necesidad de una importante inversión presupuestaria, las ventajas que ofrece una gestión en manos de especialistas y apoyo educativo desde los medios de comunicación sobre el significado y los alcances que tiene un cambio en el paradigma del sistema de procedimiento penal parecen ser las principales recomendaciones efectuadas por los actores chilenos del cambio.
Una delegación santafesina estuvo tres días en Santiago de Chile para interiorizarse sobre la gestión del nuevo sistema de Justicia criminal de ese país, considerado por organismos internacionales como el más exitoso en el continente. La vicegobernadora Griselda Tessio; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti; tres ministros de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco, Mario Netri y María Angélica Gastaldi; jueces y fiscales penales; diputados y senadores provinciales y los dos principales dirigentes del gremio de judiciales encabezaron el equipo, que tuvo como centro de reuniones el imponente Centro de Justicia de Santiago, donde funcionan una zona de seguridad y tránsito de detenidos y las salas de los tribunales de garantías y de los tribunales de juicio oral. El edificio de cemento, acero y vidrio demandó una inversión de 80 millones de dólares y ocupa el doble de espacio que el Palacio del Congreso de la Nación que funciona en Valparaíso. En el lugar -ya está en la etapa final de construcción- trabajan más de 300 jueces, 76 fiscales y 47 defensores y se estima que unos tres mil usuarios por día pasan por el lugar. En Santiago se tramita el 40 % de las causas criminales que tiene Chile. “El objetivo es tener una Justicia moderna, ágil, transparente y respetuosa de los derechos humanos tanto de víctimas como de imputados”, dicen a coro las autoridades, los jueces y los administradores.
Santa Fe no es Chile ni Chile es Santa Fe. La idiosincrasia de ambos pueblos es muy diferente y tiene su peso a la hora de tomar decisiones.
El vecino país empezó la discusión del nuevo sistema a principios de los ‘90 y recién en el 2005 llegó su aplicación a todo el país cuando sumó a la región metropolitana. Su implementación sobre fines del siglo XX empezó por las regiones más chicas. Algo similar pretendió hacer el anterior gobierno provincial, cuando propuso iniciar el cambio con Rafaela; después se optó por hacerlo en toda la provincia, aunque solamente con cinco delitos.
Hoy Santa Fe tiene conviviendo los dos Códigos Procesales y transita una etapa de cambios; restan varias definiciones desde el Poder Legislativo, donde esperan sanción cinco leyes. De allí el interés del ministro Superti en que los legisladores conozcan el funcionamiento, las bondades y desventajas del sistema trasandino. “Todos los actores aceptan el cambio, la pregunta es qué cambio”, señala y pone el hincapié en los proyectos sobre el futuro ministerio público fiscal y el servicio de defensa. “La clave es que todo funcione con transparencia, que ningún sector sea el dueño de la pelota, que todos sean jugadores. Si se concentra el poder, no servirá para nada el cambio”, subraya. Superti entiende como clave que la cabeza del ministerio público fiscal no sea el procurador general porque, según la Constitución, integra la Corte Suprema de Justicia. Así lo votó la Cámara de Diputados, aunque con la abstención del justicialismo, que es mayoría en el Senado. Ricardo Kaufmann, senador por Garay y presidente de Asuntos Constitucionales, integró la delegación. Coincide con los chilenos en la necesidad de acuerdos políticos que permitan sustentar en el tiempo el sistema penal.
El Poder Ejecutivo, la Corte, los jueces, todos miran hacia la Legislatura. “La Fiscalía no debe tener vinculación con la Corte; la Defensa tiene que ser pública con un defensor público que garantice calidad y defensa integral en todo el territorio”, destaca Superti. Para Gastaldi, es clave el nuevo servicio de defensa. “El sistema legal se basa en el concepto de que todos somos iguales ante la ley, pero no es tan así, porque no es lo mismo tener un buen abogado que no tenerlo. Es clave garantizar una defensa oficial de calidad, con un sistema de financiamiento que permita afrontarla”.
A los santafesinos no les gustó la decisión de Chile de que los defensores sean contratados año a año por el Estado, que también licita parte del sistema. “Se parece demasiado a la precarización laboral”, disparó una jueza rosarina que integró la delegación.
El nuevo ministerio público y el servicio de defensa están bajo análisis en el Senado con final incierto. En cambio, Diputados votó por unanimidad la reforma a la ley orgánica y la ley de transición entre ambos sistemas. A la Cámara Baja le queda por definir la futura norma de protección de testigos y de asistencia a las víctimas.
Y si hablamos de plata...
El tema presupuestario no es menor. El cambio tiene un costo importante porque se precisan más jueces, más fiscales y más defensores, pero también se necesitan nuevos edificios para que funcione el sistema.
De todas maneras, el aumento presupuestario debe ser progresivo porque implica designar muchos magistrados y esto lleva tiempo. “La clave está en tener las leyes y en la designación de los doce miembros clave de lo que será el proceso de reforma”, señala Superti. Se refiere al fiscal general y a los cinco responsables de cada una de las cinco cabeceras judiciales, así como al defensor general y a los cinco regionales. Nombrar estos funcionarios demandará no menos de cuatro meses, una vez sancionadas las leyes respectivas. La recomendación al Ejecutivo es trabajar mucho esta cuestión con los legisladores, a fin de lograr consensos.
En cuanto a los futuros edificios, está definido que en Rosario se emplazará en el lugar que ocupó el viejo Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, que está siendo demolido a tal efecto. En Santa Fe, todavía es incierto el lugar.
La provincia de Santa Fe cuenta con asesoramiento del Ceja (Centro de Estudios de la Justicia de las Américas) que depende de la OEA y que tiene oficinas en Santiago. El director ejecutivo, Cristian Riego Ramírez -viejo conocido de muchos penalistas y funcionarios santafesinos-, tuvo a su cargo el cierre de la gira. “Todos debe sentirse corresponsables de que funcione el sistema”, fue la recomendación, e instó a no olvidar a los medios de comunicación, que tienen una función educadora clave en el proceso.
