Apuntes de política provincial
La oportunidad de
un debate a fondo
Teresa Pandolfo
El progresivo esquema de centralización de recursos en la Nación, que, por fuera de lo establecido por la Ley de Coparticipación Nacional, se distribuyen discrecionalmente, ha llevado a las provincias a exhibir déficits fiscales importantes e, incluso, a mencionar la posibilidad la emisión de bonos, como ocurrió en los años 2000 y 2001.
La situación de Santa Fe, aun cuando es deficitaria, lejos está de tener un paralelo con otros Estados federales. Sin embargo, el desbalance existe y se traduce en el diferimiento de pago de certificados en la obra pública, en la postergación de decisiones en esta materia y en menores recursos para todas las áreas. El cuadro se agudiza cuando se va al terreno de las comunas y los municipios: todos necesitan fondos.
La figura de la frazada corta es la más gráfica; es el resultado de las políticas públicas que no se concretaron a tiempo o fueron equivocadas. Como una cascada, se sumaron errores no asumidos en la fijación de políticas nacionales, fundamentalmente con el campo, la prolongada sequía en el territorio argentino, el colapso financiero internacional que golpeó algunos sectores que tenían asegurados mercados externos y la gripe A.
En el mismo andarivel de importancia cabe colocar la orientación que tuvo el gasto público en los tiempos de “vacas gordas”, cuando corrían vientos a favor de las producciones argentinas y santafesinas. Porque el gasto no es una variable autónoma, surge también de decisiones muy concretas que toma la autoridad política.
Éste es un punto que, frente a las medidas que se deban tomar, no puede dejar de soslayarse en un análisis. Por ejemplo, los ingresos provenientes de los contribuyentes no deberían ser utilizados en el gasto político partidario o en la creación de estructuras funcionales paralelas.
La escasez de recursos en los gobiernos locales llevó a la apertura de un debate a partir del Fondo Soja, un ingreso no presupuestado porque se lo comenzó a recibir este año, a partir de una decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de compartir las retenciones a las exportaciones de la oleaginosa entre todas las provincias, aun con aquéllas no productoras. Santa Fe lleva recibidos poco menos de 150 millones de pesos, habiendo sido la última partida muy inferior a las primeras.
Desde hace tiempo que se escucha el comentario entre las comunas y los municipios radicales y justicialistas respecto de que son discriminados a la hora de repartos o contribuciones desde el Estado provincial. No fue casual que desde el justicialismo y el radicalismo se presentaran proyectos para distribuir el Fondo Soja de una manera distinta de cómo lo aplica la Casa Gris.
Sería, sin embargo, una equivocación creer que con el reparto en otro porcentaje de este recurso se resolverían los problemas existentes. Y esto lo saben tanto el gobierno como la oposición.
Integral
Hay un punto de partida que no debería obviarse: la provincia no puede quedar desfinanciada. A partir de este concepto, resulta necesario y razonable el análisis de una solución posible pero integral tanto para el Estado provincial como para los gobiernos locales.
Dentro de los temas de la agenda del diálogo político inaugurado por el doctor Hermes Binner y que instrumenta su ministro de Gobierno figura el financiamiento de las comunas y los municipios. Antonio Bonfatti se ha manifestado a favor de considerar otra distribución del Fondo Soja, aunque dentro del análisis de otros componentes de los ingresos públicos.
En una época de actividad económica diezmada, nadie quiere mayor presión impositiva, pero deberá asumirse que las soluciones serán aportadas desde ese costado.
Por estas horas, el Ministerio de Hacienda estaría afinando una propuesta que el gobierno pretende consensuar, primero, con los representantes de los partidos socios de la coalición y, luego, con el justicialismo. Por su parte, este último ha solicitado conocer las razones por las cuales se llegó al déficit presupuestario que asomó en la provincia ya en diciembre de 2008. En ese ejercicio, la provincia contó con más recursos propios y de coparticipación nacional que los previstos en el presupuesto. Además, pide información sobre las remisiones a los gobiernos locales.
Lamentablemente, persiste la sospecha sobre los recursos que se giran a Rosario, sea por transferencias o en obras encaradas por intermedio de las empresas del Estado. Es una realidad que el socialismo busca continuar siendo fuerte allí y que la ciudad del sur es el eje de toda su gestión.
Pero la situación general no da para más. Llegó el momento de replantear posiciones de ambos lados: entre el gobierno con sus socios, y con el justicialismo.
Santa Fe no puede exhibir divisiones por un tema como el que nos ocupa ni continuar con la guerra mediática por cada decisión que se tome o proyecto presentado. Santa Fe está en condiciones de producir ese salto de calidad institucional -ahora su prédica está de moda- y, con sensatez, llegar a acuerdos que permitan analizar el esquema de recursos, la distribución secundaria (reparto entre comunas y municipios) y la orientación del gasto hacia el futuro.
Sería una señal importante para todo el país que internamente la provincia alcanzara un escenario en el que terminen ganando algo más todos los distritos de su territorio.
Por eso es la hora de un debate a fondo, sin mezquindades, que comprenda integralmente la política del Estado santafesino. El mundo ha cambiado parámetros tradicionales y lo ha hecho con pragmatismo. El fracaso de políticas públicas que han llevado a más pobreza y exclusión marca un camino y achica márgenes considerados propios, y así hay que asumirlo, aunque en ese camino queden algunos sueños.
