EDITORIAL

Paro rural y tensión política

A nadie escapa que si el conflicto del campo con el gobierno fuera exclusivamente económico, hace rato que se habría llegado a un acuerdo. Lo que hace inviable el acuerdo son los parámetros ideológicos que el gobierno nacional ha puesto en juego para librar una batalla que, a su juicio, enfrenta a la oligarquía con el pueblo y pone en juego los destinos de la patria.

Desde el primer discurso hasta el último, los Kirchner han priorizado la cuestión ideológica, y a esta altura de los acontecimientos es muy difícil que puedan dar marcha atrás. Legítimamente, alguien puede preguntarse si la pareja gobernante cree en su propio discurso. La respuesta a ese interrogante carece de relevancia, porque la ideología opera como máscara encubridora de otros intereses y como factor de legitimación política ante el sensible órgano que controla el funcionamiento del alma nacional y popular.

De todos modos es evidente que más allá de las nebulosas de la ideología, las exportaciones del campo son la fuente de ingreso de divisas más importante del país. Por lo tanto, politizar el conflicto a través de la aglomeración conceptual de propietarios que abarca desde los grandes pools hasta los más modestos sembradores de soja como golpistas y violadores de los derechos humanos es una insensatez. Y además constituye una torpeza política, cuyo precio en materia de popularidad le ha costado caro al gobierno de los Kirchner que, sin embargo, parece estar dispuesto a seguir pagando.

La guerra de los Kirchner contra el campo se presenta ante la sociedad como un juego a todo o nada, un desafío que no mide las consecuencias que la sociedad paga por una batalla que destruye recursos y empobrece a la población. Sin embargo, ninguna de estas consideraciones parecen detener a los Kirchner, empecinados en poner al campo de rodillas. Para esta visión paranoica y conspirativa de la política, el campo y los medios de comunicación son sus grandes enemigos.

Tan convencidos están, que la presidenta no ha vacilado en vetar el artículo de una ley que contemplaba una rebaja de las retenciones en 37 distritos de la provincia de Buenos Aires, afectados por la sequía. Lo sorprendente es que la demonizada Mesa de Enlace es en este conflicto la instancia más negociadora que tiene a mano el gobierno, instancia a la que -por supuesto- nunca recurre.

Lo que el gobierno no sabe, o no quiere reconocer, es que las bases de las organizaciones rurales están furiosas y a medida que el conflicto se prolonga no sólo que se empobrecen más, sino que como reacción proponen medidas de lucha cada vez más radicalizadas que los dirigentes tratan de moderar, aunque el riesgo de ser desbordados es cada vez más alto.

Digamos que, en definitiva, se ha creado una situación socialmente explosiva y no se observan en el horizonte señales de desactivación. El paro rural en curso es una respuesta previsible y, al fin y al cabo, una medida de lucha moderada en el contexto de una crisis social cada vez más dura.