EDITORIAL

Desmesurada acción de la Afip

Ridícula o trágica, lo cierto es que la maniobra imaginada desde alguna de las usinas del oficialismo para movilizar unos doscientos empleados de la Afip con el propósito de investigar a la empresa Clarín -y de paso intimidar al país-, pone en evidencia el lamentable estado de las instituciones en la Argentina.

En este caso, está fuera de debate la potestad del Estado nacional para llevar adelante inspecciones impositivas o vinculadas con la seguridad social. Pero en un Estado de derecho, todo procedimiento tiene sus reglas y sus modos. En este sentido, el despliegue beligerante del regimiento de inspectores recordó acciones propias de los regímenes autoritarios.

Nadie ignora el enfrentamiento que desde hace un tiempo mantiene el gobierno con el Grupo Clarín, enfrentamiento que el gobierno alienta diariamente con torpeza y arbitrariedad, promoviendo pintadas callejeras, pegatinas de afiches, y forzando la sanción de una ley de radiodifusión controvertida y, en más de un punto, arbitraria.

Lo más grave de todo, sin embargo, es la irresponsabilidad, en el sentido estricto de la palabra, de un gobierno que ni siquiera se hace cargo de sus propios actos. A nadie escapa que la decisión de realizar un megaprocedimiento no puede ser tomada por un empleado. Semejante movida sólo es concebible a partir de la decisión de la más alta autoridad de la Afip. Lo patético y grotesco, sin embargo, es que el titular del ente, Ricardo Echegaray, asegura que él no dio la orden, lo cual nos coloca a los argentinos en el universo infantil del “gran bonete”, donde la verdad sólo se la puede conocer a través de adivinanzas.

Lo concreto es que el procedimiento se produjo y luego fue desactivado. En consecuencia, si Echegaray dio la orden y ahora la desmiente, el tema es grave porque estaríamos ante un funcionario mendaz e irresponsable. Y si la orden la dio alguien no autorizado, tomaría cuerpo un escándalo institucional de proporciones, ya que se habría violado la legalidad para instrumentar una persecución. Tal supuesto ameritaría la renuncia del funcionario y una investigación a fondo para dar con el responsable.

Empero, en una Argentina saturada de escándalos, ocurren cosas increíbles y nadie se hace cargo. De la manera que ocurrieron los hechos, resulta obvio que si no fue Echegaray, la orden provino de alguien que está por arriba de él. En el terreno formal, ese lugar lo ocupa la presidenta de la Nación; y en el informal, su marido, el ex mandatario Néstor Kirchner, jefe del sector del peronismo identificado con su apellido.

De modo que las alternativas son escasas y es necesario que la cuestión se esclarezca cuanto antes. La Constitucional Nacional establece derechos y garantías que son conquistas de la modernidad y elementos diferenciales de la civilización. Esas protecciones han sido vulneradas con el intimidante despliegue del ejército de inspectores enviados -según quienes lo dirigían- a efectuar un control de rutina sobre aportes correspondientes a la seguridad social.