EDITORIAL

Corrupción en

la Magistratura

El Consejo de la Magistratura de la Nación, en su última deliberación, consideró la necesidad de modificar el reglamento para el procedimiento de selección de jueces, procedimiento que constituye una de sus principales competencias y razones de ser.

El criterio fue forjado como consecuencia del escándalo que se desató en Paraná, cuando se descubrió que un candidato tenía de antemano en su poder los cuatro casos de entre los cuales se escogería el que iría a constituir la materia del examen, y de los cuales solamente debían tener noticia los jurados. La requisa que se le hizo por orden judicial arrojó también el hallazgo de documentación correspondiente a otro concurso, realizado pocos días atrás, lo que permitió establecer un modus operandi acaso recurrente, considerando que el infractor había participado en reiteradas ocasiones. Pero, sobre todo, el descubrimiento bastó para arrojar un manto de sospecha sobre todo el instituto.

El tramposo fue castigado con la inhabilitación total para aspirar a cargo judicial alguno, pero la gravedad de la falta, la condición del participante y algunas vinculaciones permiten proyectar el caso mucho más allá de su alcance estricto e inscribirlo -por conexión directa o por efecto derivado- en el contexto de una deliberada política de injerencia y cooptación, diseñada y ejecutada por el kirchnerismo.

Por un lado, el concursante actúa en la órbita de la Procuración General de la Nación, y tuvo una actividad notoria en el marco de la intervención a Santiago del Estero. Es decir, se trata de un funcionario público que, además, tiene conexiones políticas. Por el otro, la mecánica del procedimiento bloquea cualquier posibilidad de que alguien haga trampa, salvo que medien el consentimiento o la participación de alguna de las autoridades a cargo.

La reacción inmediata, incluso -y habría que decir, sobre todo- del kirchnerismo, fue la de impulsar una modificación del reglamento, circunstancia que parece forzosa ante el influjo de los hechos. No obstante, esta inicial coincidencia habilitó una nueva puja de poder interno, ya que existen discrepancias sobre las pautas en torno a los cambios. Por caso, el oficialismo insiste en hacer públicos los concursos, enfrentando a los jueces, que quieren preservar el carácter anónimo de las pruebas. Indudablemente, ambas posturas tienen fundamentos, pero resulta difícil evitar las suspicacias en un contexto como el actual, donde ha sido el propio gobierno el que ha moldeado a su antojo la composición y el funcionamiento del organismo, a fin de asegurarse el poder de veto sobre las nominaciones y destituciones de los magistrados.

Naturalmente, un sistema que exhiba mayores garantías podrá ayudar a recrear la confianza. Pero difícilmente un examen, por bueno que sea su diseño, pueda estar a salvo de la corrupción, cuando ésta es ejercida o tolerada por quienes lo tienen a su cargo.