MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS
Investigarán alrededor de 50 obras sociales
DyN
La Fiscalía que investiga la “mafia de los medicamentos” y su eventual relación con la obra social bancaria le exigió al juez federal Norberto Oyarbide que amplíe las sospechas a medio centenar de obras sociales, entre las cuales figuran las de los camioneros y los mecánicos.
En medio del secreto de sumario impuesto en la causa, el fiscal federal Luis Comparatore requirió que se abra una “megainvestigación” sobre todas las droguerías y obras sociales que aparecen involucradas en la causa en curso por la venta de muestras gratis o de medicamentos adulterados y/o vencidos, se supo de fuentes judiciales.
Al respecto, Comparatore incluyó a cada una de las reparticiones gremiales y empresas farmacéuticas que se relacionan con la pesquisa: así apuntó a medio centenar de obras sociales, entre las cuales está la de los camioneros (Oschoca), la del Smata, la del personal televisivo y un desprendimiento de la Uocra, según detallaron fuentes judiciales. De esta manera, la causa que salpica a Juan José Zanola, el titular de la Asociación Bancaria, apunta directamente por primera vez a Hugo Moyano, el líder de la CGT y jefe de los camioneros.
Precisamente, la obra social de Moyano ya está siendo investigada por el juez federal Claudio Bonadío, para aclarar si hubo irregularidades en los traspasos de fondos a ese ente. Hoy, el juez escuchó a Juan Rinaldi, quien fue responsable de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) durante la gestión de Graciela Ocaña. Fuentes judiciales dijeron a DyN que Rinaldi explicó “cuál era la situación que él había encontrado cuando asumió su gestión y qué modificaciones había hecho hasta el momento en que se fue”.
La SSS tiene bajo su jurisdicción la Administración de Programas Especiales (APE), que redistribuye fondos por prestaciones complejas a las obras sociales.
Mil millones
La APE maneja casi mil millones de pesos anuales. En tanto, el viernes próximo deberá declarar Héctor Capaccioli -antecesor de Rinaldi y uno de los responsables de la recaudación para la campaña presidencial de Cristina Fernández- y el lunes entrante debe hacerlo el actual responsable de la SSS, Ricardo Bellagio.
En la causa que instruye Bonadío, se investiga si la APE habría concretado transferencias a la obra social de los camioneros en forma presuntamente irregular, como reintegros por tratamientos contra el cáncer, sida y hemofilia, en una operatoria parecida a la llamada “mafia de los medicamentos”.
Mientras tanto, el juez Oyarbide sustancia la investigación que destapó que la droguería San Javier, propiedad de Néstor Lorenzo, habría vendido o entregado medicamentos adulterados, vencidos o repartidos como muestras gratis a la obra social de los bancarios. Pero, Bellagio dijo recientemente que habría al menos otras siete obras sociales que operaban con las droguerías San Javier y Multifarma.
Esas obras sociales y otras tantas que están mencionadas junto a droguerías y farmacias en la causa de Oyarbide pidieron ser investigadas formalmente como sospechosas del reparto de medicamentos, según lo solicitó ahora la Fiscalía. Oyarbide será el encargado de tomar la medida, a la espera de que se resuelva si la Sala II de la Cámara Federal acepta la recusación en su contra que presentó Zanola y con vistas a poner fecha a las indagatorias del jefe de la Bancaria; de su mujer, Paula Avallay, y de Lorenzo y Capaccioli, entre otros.
