Contra Binner y Barletta
Presentación del PJ en el Tribunal Electoral
Los apoderados del Partido Justicialista de la provincia presentaron un escrito ante el Tribunal Electoral denunciando al gobernador Hermes Binner, al intendente local Mario Barletta y a funcionarios de sus gabinetes por violar la restricción de la campaña electoral impuesta por la ley 12.080. Además solicitan que se apliquen las sanciones previstas en el texto legal.
La presentación también alcanza al ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, y al secretario de gGobierno municipal, José Corral y se fundamenta en el artículo 6 de la norma que establece la prohibición para la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo, durante los quince días anteriores a la fecha fijada para la elección, en este caso de concejales de Santa Fe. “El alcance de la norma debe buscarse en el objetivo que ella persigue, cual es el de preservar la igualdad entre todas las fuerzas políticas que compiten en la elección. Tal limitación para el partido de gobierno, es por un exiguo plazo y que por eso mismo, no puede argumentarse que exista perjuicio irreparable al derecho de los ciudadanos a conocer los actos de gobierno que naturalmente deben ser publicitados” dice.
El acto cuestionado
El PJ cuestiona la presencia de los denunciados en el anuncio de un plan de regularización dominial anunciado el pasado jueves y citan el artículo de diario El Litoral de ese día donde puede verse a los funcionarios haciendo el anuncio. “Que la cobertura de dicho acto no sólo fue objeto de cobertura por el mencionado vespertino, sino también por las distintas emisoras radiales de nuestra ciudad, obviamente convocados todos por las autoridades responsables del lanzamiento del plan”.
Los apoderados entienden que la publicidad del acto “a escasos tres días de la realización de las elecciones generales del 27 de septiembre de 2009, para elegir concejales en la ciudad de Santa Fe, no puede leerse sino en el marco de una acción dirigida a captar sufragios a favor del candidato oficialista, que paradójicamente se desempeña como secretario de Gobierno y estuvo encargado de realizar los anuncios públicos”.
En la parte final, el escrito sostiene que “la actitud de los funcionarios responsables de la violación a lo establecido en la ley de campañas electorales, demuestra el poco apego a la institucionalidad democrática, anteponiendo objetivos electorales al respeto de la ley”.
