Documento analítico

Agrónomos advierten los riesgos de subdividir indiscriminadamente

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Vía libre. Se habilitó el fraccionamiento de 549 campos que resultaron subdivididos en 1.717

Foto: Archivo

El Colegio de Ingenieros Agrónomos 1º Circunscripción analizó los efectos parciales de la suspensión por dos años de la Unidad Económica Agraria. Casi 50.000 hectáreas quedaron fraccionadas en parcelas promedio de 28.

 

Campolitoral

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A punto de cumplirse los dos años de suspensión de la Unidad Económica Agraria, que se dispuso con la publicación de la ley 12.749 el 20 de octubre de 2007, el Colegio de Ingenieros Agrónomos 1º Circunscripción de Santa Fe manifestó su preocupación por una posible prórroga y aseguró que la normativa ya acusa efectos negativos para la producción santafesina.

La norma se dictó con el objetivo de solucionar problemas de tramites sucesorios o de sistemas de explotación en condominio y en la práctica significa un permiso a los productores para subdividir campos en parcelas inferiores al mínimo que garantice la viabilidad económica de una empresa agropecuaria.

Los agrónomos denuncian en un documento, en el que analizan los 512 expedientes con dictamen favorable hasta el momento, que durante la vigencia de este permiso se habilitó el fraccionamiento de 549 campos que resultaron subdivididos en 1.717. Este proceso comprometió casi 50.000 hectáreas y el promedio de las parcelas pasó de 86 a 28 hectáreas, por lo que los agrónomos consideran que “muchas de estas fracciones no serán explotables racionalmente”.

Mientras tanto la Cámara de Senadores, durante la sesión del 17 de septiembre, dio media sanción a una nueva moratoria por un año más a la posibilidad de disponer libremente de los bienes rurales.

Interés general

La ley 9.319, sancionada en 1983, determinó la imposibilidad de subdividir campos por debajo de superficies que hagan económicamente inviable su explotación. A esa área mínima, que varía según la calidad de la tierra o el tipo de producción que se quiera emprender, se la denomina Unidad Económica Agraria (UEA). Su razón de ser es preservar el bien general antes que el particular y, por lo tanto, garantizar que las tierras productivas lo sigan siendo y no que, por ejemplo, se transformen en emprendimientos inmobiliarios. Dicho de otro modo, que se sigan destinando a producir alimentos en lugar de montar clubes privados o canchas de golf.

En 2007 la ley 12.749, dispuso la suspensión de la norma por dos años con el objetivo de facilitar la división de los campos que se encuentren bajo un sistema de condominio o en un proceso sucesorio. Ese plazo se cumplirá el próximo 20 de octubre, por lo que los ingenieros agrónomos vuelven a advertir que se está poniendo en peligro la sustentabilidad económica y ambiental de la producción; y demandan a los legisladores que se restaure la norma original.

Mediante el análisis estadístico de los 512 trámites de subdivisión que obtuvieron resolución favorable desde la promulgación de la ley moratoria, los profesionales remarcan que 47.475 hectáreas que originalmente estaban parceladas a un promedio de 86 hectáreas ahora quedaron subdivididas en porciones de apenas 28 hectáreas. En este proceso, 549 campos se transformaron en 1.717. Desde el Colegio profesional advierten que se afectarán 200.000 hectáreas cuando finalicen la totalidad de los trámites iniciados.

Tratamiento legislativo

Entre las consecuencias que acarreará este proceso de fragmentación de las tierras productivas, los agrónomos señalan que se realizará agricultura continua en zonas donde no es agronómicamente viable o se sobrecargarán campos con hacienda, se acelerará la expulsión de la población rural hacia las ciudades y se profundizará la concentración de la tierra. “Se favoreció a quienes disponen de medios para adquirir parcelas en cuotas; estos fueron los primeros responsables junto con profesionales inescrupulosos amparados en supuestos legítimos derechos”, denuncian en el documento.

El titular del Colegio, Gerardo Severín, manifestó que “de acuerdo a los expedientes presentados, van a quedar parcelas de 28 hectáreas, que impiden una explotación normal y racional del campo”. A su vez, llamó la atención al Poder Legislativo: “Los legisladores se tendrán que hacer cargo del desastre que están haciéndole a la provincia”.

Mientras tanto, en la sesión del pasado jueves 17 de septiembre, la Cámara de Senadores santafesina dio media sanción a un proyecto para prorrogar por un año más la vigencia de la ley 12.749.

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Concentración e impacto ambiental

Una de las consecuencias que avizoran los ingenieros agrónomos por la excesiva subdivisión es la facilidad que encontrarán los actores económicos más poderosos para concentrar tierras, ya que los pequeños productores tendrán serias dificultades para obtener una rentabilidad que les permita seguir dentro del sistema y tendrán que liquidar sus explotaciones.

Justamente esa dificultad económica hará, también, que muchos echen mano a cualquier recurso para tratar de subsistir en detrimento de prácticas sustentables, por ejemplo la rotación de cultivos. “Muchas de estas fracciones no serán explotables racionalmente, es decir que serán utilizadas para realizar agricultura continua aún en lugares donde no es prudente”, dice el trabajo y agrega: “serán muy difíciles las prácticas de manejo que cuidan el ambiente, agregando un nuevo factor de desequilibrio”.