Decisión del presidente mexicano Felipe Calderón

Obreros y campesinos contra liquidación

de empresa pública de energía en México

Implica el despido de 60.000 trabajadores que recibirán una elevada indemnización.

Obreros y campesinos contra liquidación de empresa pública de energía en México

Tras el sorpresivo anuncio, realizado ayer, del gobierno mexicano sobre liquidar la compañía de electricidad del centro del país, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se movilizó en una marcha contra la medida.

Foto: AGENCIA AFP

 

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EFE-AFP

La fulminante liquidación de la empresa pública de energía eléctrica que abastece al centro de México por decreto presidencial provocó el rechazo de trabajadores y campesinos, pero despertó elogios de industriales.

El presidente de México, Felipe Calderón, decretó ayer la disolución de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y el despido de sus 60.000 trabajadores, a quienes se les pagará una indemnización de hasta 20.000 millones de pesos (unos 1.538 millones de dólares). Cada uno recibirá 2 años y medio de salario y la mayor cantidad posible será recontratada bajo un nuevo régimen laboral.

La sorpresiva medida, antecedida por la toma policial de las instalaciones de LyFC, se dio en el marco de un conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno federal que no reconoce a su líder, Martín Esparza, por supuestas anomalías en su elección.

Pese a ello, el gobierno argumenta que la liquidación obedece a cuestiones financieras y operativas, ya que la empresa era “ineficiente”.

Las primeras reacciones vinieron del SME, que realizó una marcha de rechazo hacia el Ministerio del Interior, resguardado por cientos de policías.

El SME exige la derogación del decreto, la salida de la policía de las instalaciones y la instauración de una mesa de diálogo con el gobierno sobre la forma de operar la empresa.

El ministro de Interior mexicano, Fernando Gómez Mont, aceptó reunirse con Esparza y otros líderes del SME, pero tras dos horas las posiciones no se movieron.

El ministerio indicó en un comunicado que en la reunión Gómez Mont defendió la decisión del gobierno y rechazó dar marcha atrás a la liquidación, mientras que los sindicalistas le dijeron que “harán uso de las instancias legales” para hacer valer sus posiciones.

La Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) expresó “su absoluto respaldo y reconocimiento” al presidente Calderón “por las eficientes acciones emprendidas” sobre LyFC.

Afirmó en un comunicado que “se congratula por el mensaje de eficiencia enviado por el presidente Calderón, y confía en que continuará trabajando sin afectaciones y con un servicio de energía de mayor calidad en beneficio de México”.

“En bien del país”

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) se sumó a este apoyo y su líder, Miguel Marón, dijo que estaban conscientes de que se realiza “en bien del país”.

“Es algo que ya se esperaba desde hace mucho tiempo y ahora el jefe del Ejecutivo demuestra que tiene la voluntad política para eliminar cargas”, dijo Marón en un comunicado.

En contraste, la Confederación Nacional Campesina (CNC), que dice representar a cinco millones de labriegos, repudió la liquidación de la empresa porque representará el “desempleo de más de 60.000 trabajadores, a los que se engañó con la promesa de iniciar un proceso de negociación”.

La CNC, organización afín al opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que el decreto “es una mala señal del gobierno federal, que cada vez más se manifiesta de manera represiva contra los sindicatos y las organizaciones sociales”.

El líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ex candidato a la Presidencia y quien desconoce a Calderón como mandatario, dijo a los sindicalistas que “no están solos” y anunció que hoy realizará una “gran asamblea” frente a la Cámara de Diputados.

Hasta ahora, la toma de instalaciones por parte de la Policía Federal y las protestas de los sindicalistas se han realizado de forma pacífica.

Según el gobierno de México, el servicio de energía eléctrica no será privatizado y seguirá en manos del Estado, “como lo ordena la Constitución”, y la operación de LyFC estará a cargo de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

LyFC suministraba energía eléctrica al Distrito Federal, a 82 municipios del Estado de México, a 45 de Hidalgo, dos de Morelos y tres de Puebla, con una población total de 25 millones de personas.