Los debates que se vienen

Hasta la victoria, siempre

La Ley de Medios fue sólo uno de los planes urgentes del kirchnerismo. El próximo paso es reforzar el control de la caja y completar la castración fiscal de las provincias.

Sergio Serrichio

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La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en la madrugada del sábado por el Senado es sólo una estación en la ofensiva del kirchnerismo para hacer valer la mayoría legislativa con que cuenta hasta el recambio de guardia del próximo 10 de diciembre.

La blitzkrieg incluyó también, en la semana que pasó, el avance en Diputados de proyectos clave para prorrogar por lo menos hasta 2011 un esquema fiscal que concentra los recursos fiscales en manos del matrimonio presidencial y somete al interior a un cepo del que el kirchnerismo saca permanentes réditos políticos.

Más que los méritos intrínsecos de éste o aquel proyecto, gobernadores y legisladores juzgan su valor de cambio en un angustiante toma y daca de favores con la Nación. El billetazo y el apriete descarado siguen siendo así las armas más eficaces del arsenal kirchnerista.

Los proyectos que avanzaron y que serán tratados el próximo miércoles en el recinto de Diputados son el presupuesto 2010, la prórroga de una amplia gama de impuestos y la suspensión por un par de ejercicios de ciertos límites al endeudamiento provincial que impone la ley de Responsabilidad Fiscal sancionada por el gobierno de Néstor Kirchner cuando Roberto Lavagna era todavía su ministro de Economía.

Todo indica que el gobierno nacional seguirá quedándose con una parte desmesurada de la recaudación mediante la prórroga de impuestos como el que grava los débitos y créditos bancarios, la continuidad del aporte “solidario” de las provincias al sistema previsional (creado para financiar la “transición” entre los sistemas jubilatorios estatal y de capitalización, pero vigente aún, pese a la reestatización de las AFJP), el manejo arbitrario de los derechos de exportación, y superpoderes explícitos u ocultos en el presupuesto.

Por caso, en el ejercicio fiscal 2010, el gobierno proyecta recaudar casi 67.000 millones de pesos por retenciones e impuesto al cheque, y quedarse con cerca del 80 por ciento. Además, la prórroga de tributos excederá el plazo habitual. En algunos casos se estira hasta 2019 y, en todos los casos, cubre el mandato que aún le resta a la presidenta Cristina Fernández.

Castración fiscal

A cambio de esa concesión de dinero contante y sonante, las provincias se conforman con un permiso temporal para endeudarse más y estirar a plazos más largos la deuda que ya tienen, principalmente con la Nación.

Esa iniciativa contó con el apoyo de varios gobernadores desesperados de alivio, aunque sea circunstancial, y le permitió al mendocino Celso Jaque oficiar, al menos por una vez, de broker eficiente del poder K.

Jaque, quien ganó titulares en todo el país con su reciente propuesta de estudiar la “castración química” de violadores, fue así la punta de lanza de una iniciativa que consagra la castración fiscal de las provincias.

La mayoría oficialista no sólo impone esa perversa lógica, sino que también obturó el proyecto del peronista bonaerense Jorge Sarghini para que se distribuyan unos 9.500 millones de pesos que la Nación retuvo para sí pese a que corresponden a la “coparticipación” que debió haber girado a las provincias en concepto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN).

¿Por qué las provincias (sus gobernadores, sus diputados y senadores nacionales) aceptan tanto sometimiento? Para entenderlo, vale recordar la deuda externa latinoamericana en los “80, cuando, en un marco de latente quiebra fiscal, los países fueron incapaces de formar un “club de deudores” para negociar en otros términos con el disciplinado y férreo “steering committee” que habían armado los bancos acreedores.

Nadie quería ser el primero en sacar los pies del plato, por temor a las represalias y al costo económico y político. El peruano Alan García se mandó solo y le fue muy mal. Pero al resto tampoco le fue bien. No en vano aquella se recuerda como “la década perdida”.

Del mismo modo, ningún gobernador se anima hoy a cuestionar el cepo kirchnerista y menos aún a ser el primero en emitir “cuasimonedas”. El reaparecido ex presidente Eduardo Duhalde le sugirió al gobernador bonaerense Daniel Scioli reeditar los famosos “patacones”, pero Scioli -político temeroso si los hay- rehusó. Prefirió aumentar los impuestos, y proyecta endeudarse en unos 10.000 millones de pesos en 2010. Eso sí, porque es mucho menos riesgoso que hacerlo con los jubilados o empleados públicos, pagará con bonos a algunos proveedores.

Gobernadores como el cordobés Schiaretti y el salteño Urtubey también fueron consultados sobre la posibilidad de aunar fuerzas para oponerse al uniKato fiscal, pero nadie se anima. Prefieren mendigar sus cuentas, uno por uno.

La guerra por otros medios

Mientras, el gobierno avanza, como demostró la sanción de la ley de Medios y los detalles que se conocieron de su proyecto para desembarcar en Papel Prensa y ampliar su arsenal de persuasión (de por sí no desdeñable, gracias a una pauta publicitaria oficial que en los años K creció más del 1.500 por ciento) sobre la prensa escrita.

Por vía de la declaración notarial de un representante del Estado, los argentinos volvimos a tener un relato vívido del estilo del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que prometió columnas quebradas y ojos saltados a quienes cuestionaran o develaran el plan oficial para expropiar la empresa por decreto o deprimir su valor por vía del hostigamiento, de modo de facilitar su compra por parte de empresarios amigos.

Y por si todo esto fuera poco, el gobierno está abocado a elaborar una nueva ley electoral para instaurar un sistema de internas partidarias por vía indirecta que permita a las autoridades del partido tener la mayor injerencia posible sobre el proceso de selección del candidato. Vale aquí recordar un detalle: aunque el 29 de junio Néstor Kirchner anunció que renunciaba a presidir el peronismo y delegó esa tarea en Daniel Scioli, el ex mandatario nunca renunció formalmente.

Esa es una de las razones por las que la jueza electoral, María Servini de Cubría, quien -al igual que Duhalde- se confiesa perseguida y espiada por el kirchnerismo, no encontró aún un buen argumento formal para intervenir el PJ, pese a las irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial 2007 y los inverosímiles dibujos de la campaña legislativa de 2009, que alumbraron, a su turno, la llegada al gobierno de Cristina Fernández y la derrota de Néstor Kirchner en las elecciones del 28 de junio. Derrota que, a juzgar por el frenesí de estos días, fue otro invento de los medios.

Tras imponerse con la norma de radiodifusión, el Congreso será escenario de nuevas batallas del gobierno para incrementar su poder.

Foto: Archivo El Litoral