Tema de debate

La megaminería en el banquillo

La Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Abogados y el Centro de Protección a la Naturaleza han organizado una serie de conferencias con especialistas para tratar la problemática del impacto socioambiental de la megaminería.

Javier Rodríguez Pardo, Eduardo García Mazzuca y Maristella Svampa, en El Litoral. Foto: Guillermo Di Salvatore

Laura Osti

En ese marco, la semana pasada, se llevó a cabo un panel sobre “Megaminería: sociedad-ambiente”, del que participaron la Dra. Maristella Svampa, el Lic. Javier Rodríguez Pardo y el Dr. Eduardo García Mazzuca.

Maristella Svampa subrayó en la oportunidad que “nos pareció muy necesario, más aún, urgente, poner en la agenda académica y contribuir a la discusión acerca del modelo minero, el alcance que tiene y el carácter vertiginoso con el cual se está extendiendo en la Argentina. Es un modelo que se conoce muy poco, sobre el tipo de minería, sobre el carácter transnacional que tiene, sobre los efectos socioambientales y su extensión”.

Precisó que “hay doce provincias argentinas que están afectadas de manera directa y quince, de manera indirecta, estos yacimientos no son efectivamente poca cosa sino que tienen una gran envergadura”. Dijo también que “en los últimos meses ha habido una irrupción del tema de la minería en las universidades públicas, porque la primera que se instala en la Argentina, La Alumbrera, en la provincia de Catamarca, es un yacimiento que fue descubierto por un geólogo que la donó a la Universidad Nacional del Tucumán. Hubo por ende durante un tiempo un cierto conflicto entre Catamarca y esa universidad, conflicto que fue dirimido en la época de Frondizi a través de la ley 14.771 que creó el YMAD, Yacimiento Minero Aguas de Dionisio, que tiene dos artículos fundamentales: uno dice que los beneficios serán distribuidos también al resto de las universidades nacionales y el otro prohíbe el proceso de explotación de La Alumbrera en manos privadas, este artículo fue modificado por varios regímenes militares y en los “90, donde asistimos al cambio del marco regulatorio en nuestro país y en otros países de América latina sobre el tema de la minería. Y es en el último año y medio que las universidades nacionales comienzan a percibir los beneficios de uno de los yacimientos mineros más cuestionados del país. A raíz de eso se abre la discusión acerca del modelo minero en las universidades, discusión que no todas las universidades están dispuestas a dar, muchas están dispuestas a aceptar de manera acrítica fondos mineros, sin ver cuáles son las consecuencias socioambientales, sin ver cuál es la normativa jurídica que está en la base y sin ver efectivamente cuál es el reclamo de las comunidades afectadas. Una de estas universidades es la Universidad Nacional del Litoral, eso hay que decirlo y me parece importante, porque además en mi persona estoy sufriendo lo que sería un acto de censura: yo he sido invitada periódicamente por esta universidad a dar conferencias (la última en octubre de 2008) y hoy en día esa misma gente que me invitó no quiere abrirme las puertas para discutir sobre el modelo minero en la universidad. Estoy realmente muy preocupada y desconcertada, porque las universidades públicas, pensamos nosotros, deben ser abiertas a la discusión, a la crítica, si no nos abrimos al debate, difícilmente podremos conocer de qué se trata esto”, enfatizó.

Qué país queremos

Por su parte, Rodríguez Pardo se refirió a la demanda por contaminación entablada por la justicia federal de Tucumán a Julián Rooney, vicepresidente de la Minera La Alumbrera Ltda., señalando que “es muy importante porque es la primera vez en América latina que esto pasa. El fiscal federal y la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán lo procesaron, a raíz de una investigación que llevó a cabo el fiscal, con las denuncias que había de las comunidades que se sienten dañadas y perjudicadas, y por la investigación que hizo Gendarmería Nacional sobre los vertidos que se hicieron en un canal”.

Indicó además que la contaminación involucra a cuatro provincias, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y Córdoba.

“Nosotros partimos desde qué tipo de minerales son los que tenemos, que son de baja ley, y por qué ahora se viene a buscar minerales de baja ley, por qué no hay más minerales en el planeta, por qué desde un electrodoméstico hasta un artefacto sofisticado como un satélite requieren de estos minerales que no hay, y por qué inventaron un sistema extractivo tan perverso y contaminante para venir a buscar los minerales que quedan”, explicó.

“Muchas veces nos preguntan si hay una minería posible, para contestar eso primero tenemos que decidir qué país queremos, qué minerales necesitamos, qué volumen, de dónde se sacan y con qué método, porque este modelo causa contaminación, destrucción territorial y saqueo”, aseguró.

El Dr. García Mazzuca encuadró la minería dentro del marco legal vigente en Argentina, advirtiendo al respecto que el Código de Minería vigente es para una minería vetiforme, “y este negocio minero de la actualidad es para minerales diseminados, que se encuentran dispersos en grandes zonas, debería adecuarse el Código de Minería a esta realidad”.

Dijo que dicho código ha tenido muchas modificaciones desde su sanción hasta el presente. “La última, en el gobierno de Menem, complementado con un paquete de leyes, que abrieron la puerta a la inversión extranjera y enbarcaron la actividad del sector dentro de un plan que fue lanzado en Denver en 1993”. Y consignó que “la complementación de la legislación minera implicó un acuerdo federal minero entre todas la provincias y una ley de inversiones mineras que otorga a las empresas extranjeras exenciones fiscales y estabilidad fiscal por treinta años, y una posibilidad de deducciones y eximiciones de impuestos, complementado con una ley de protección ambiental para la actividad minera que pide informe de impacto ambiental, pero hay que aclarar que el código de minería no exige ninguna capacidad técnico-económica ni financiera para que un particular o una empresa se dedique a la actividad minera, la restricción consiste en que se le exige para el inicio de la actividad exploratoria y todas las demás faenas hasta que termina la extracción, un informe de impacto ambiental. Lo que faltaría sería una participación ciudadana en la toma de decisiones, que no está contemplado en ninguna ley, sí en la ley 25.675 de Política Ambiental, pero no en la actividad específica de minería. Y por otro lado, la contratación de un seguro ambiental frente a los problemas a los pasivos ambientales, no está contemplado por ejemplo el cierre de minas (otros países sí lo tienen). Hay un plexo normativo muy laxo”.

García Mazzuca advirtió además que “los estudios de impacto ambiental los hacen las propias empresas mineras; sería de desear que las autoridades de aplicación dentro de las provincias tuvieran una agencia o una secretaría de Medio Ambiente que evaluara imparcialmente, porque a veces la gente duda acerca de esos informes”.

“Minería transnacional: Narrativas del Desarrollo y Resistencias Sociales”, Maristella Svampa y Mirta Antonelli.

“Vienen por el oro, vienen por todo: Las Invasiones Mineras, 500 años Después”, Javier Rodríguez Pardo.