Al margen de la crónica

Cuando arrastra la ola

La Legislatura santafesina sancionó esta semana una ley que excluye la posibilidad de que condenados o procesados por delitos de lesa humanidad puedan ser candidatos a cualquier cargo electivo en la provincia poniendo fin a un debate abierto hace más de cinco años por la entonces senadora socialista Patricia Sandoz.

Más allá de las simpatías que la norma pueda generar en un sector de la sociedad, será interesante determinar si los alcances de la ley no son violatorios de tratados internacionales y de conceptos jurídicos de la presunción de inocencia. Algunos pretendieron no solo incluir en la veda a los procesados sino también a las imputados lo que podría interpretarse como una caza de brujas a sectores sociales y políticos.

Pasaron más de 25 años para llegar a esta restricción que coincide con el momento en que en la provincia de Santa Fe la justicia federal acelerara los juicios. En el medio, Mario Fasino fue elegido por el voto popular durante muchos años presidente comunal de San José del Rincón y así en la última elección en la ciudad de San Lorenzo fue elegido concejal Pedro Rodríguez quien ocupó durante cuatro años una banca de diputado provincial por el Partido Justicialista y que en el último comicio realizó una alianza con sectores radicales alejados del Frente Progresista.

El mérito de la sancón tal vez sea del empuje de organismos de derechos humanos y de sus militantes que no solo pudieron sentar en el banquillo de la justicia a represores militares y colaboradores policiales de provincias sino que además ahora les vedan derechos electorales. En este caso han tenido como aliados al gobierno nacional que -por conveniencia o por convicción- ha tomado la bandera. En la provincia es paradójico como quienes siempre se opusieron a tratar proyectos de este tipo y que incluso compartieron boletas con algunos de los procesados debieron mirar hacia un costado y dejarse llevar por la ola.