Sobre la situación de la Justicia

Duro documento de los jueces

Dicen que el servicio empeoró en los últimos años, por incumplimientos del gobierno. Que falta presupuesto para la reforma penal y se ignora los problemas de muchos fueros. Alarma por las vacantes y la “ineficiencia” del Consejo de la Magistratura.

 

De la redacción de El Litoral

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El Colegio de Magistrados de Santa Fe se pronunció sobre la “profunda crisis” que atraviesa el Poder Judicial, a la que consideró “incontrolable” en algunos aspectos. Y, a la vez que manifestó su “honda preocupación” por no poder satisfacer de manera eficiente las demandas sociales, atribuyó al gobierno provincial buena parte de la responsabilidad.

En ese sentido, si bien reconocen que “el déficit viene gestándose desde hace décadas”, consideran que a casi dos años de la actual gestión se han cumplido “muy pocas” de las promesas, y el problema se ha agudizado en muchos aspectos. Al respecto, consignan la falta de atención a las advertencias y la escasa participación otorgada al sector.

Particularmente, consideran que el Consejo de la Magistratura se muestra “en exceso ineficiente” para afrontar la creciente demanda de cobertura de cargos vacantes, que en este momento suman 60, más 16 correspondientes a nuevos juzgados aún no cubiertos. Entienden que el organismo es “lento, burocrático, y desarticulado institucionalmente”.

A la vez, previenen contra la práctica de cubrir los cargos con subrogantes, esperando que ése mecanismo “no se convierta en una excusa para ocultar la ineficacia del nuevo sistema de designación de jueces”.

Una reforma “imposible”

Respecto del Código Procesal Penal, recuerdan que fueron “artífices” de su redacción y no opositores a la reforma, “como arteramente se dijo”. Pero remarcan que sin la suficiente asignación de recursos presupuestarios para cubrir designaciones, personal, capacitación, edificios, entre otras necesidades, “la reforma lejos estará de satisfacer las expectativas generadas en la sociedad y será de casi imposible aplicación”.

“En este sentido, en lugar de la total implementación, se ha sancionado una ley de aplicación progresiva que distorsiona la naturaleza del digesto, costosamente elaborado, rompiendo su sistemática y que está trayendo más dificultades que beneficios. Todo esto se corona con una desprolijidad incomprensible, como lo fue el vencimiento del plazo de prórroga que debió solucionarse por una acordada de la Corte, que sin duda- no es el instrumento jurídicamente adecuado para corregir el vacío legal. Esta situación transitoria también requiere ingentes recursos presupuestarios, máxime cuando se proyecta ampliar el número de delitos que exigirán oralidad obligatoria, como se pretende legislativamente”, argumentaron.

Frente a ésto, rechazaron la idea de que se esté dando al Poder Judicial una herramienta eficaz y que, luego, “se pretenda esconder o disimular la insuficiencia de presupuesto y medios materiales” acusando de ineficiencia a los jueces.

Colapso

Por lo demás, hicieron notar el “colapso” que sufren los demás fueros, con juzgados insuficientes para el tamaño de la población y el nivel de litigiosidad -en marcada desproporción con provincias equiparables, como Córdoba o Mendoza-, a lo que se suman las vacantes. Todo lo cual “obliga a los jueces y funcionarios a una sobrecarga constante de tareas, con grave deterioro de su salud y posibilidades de respuesta efectiva”.

Y añaden el “abandono injustificado de un conjunto de proyectos de reformas a los distintos códigos de procedimientos ya elaborados”.

Frente a todo ésto, los firmantes del documento -presidente y vice del Colegio, María del Carmen Alvarez y Daniel Rucci, y Roxana Mambelli y Roberto Reyes como secretaria y prosecretario- llaman al diálogo y a la reflexión a los responsables, “para que rápidamente encontremos el camino tendiente al mejoramiento definitivo del servicio de justicia”.