Transporte

Despouy defiende su investigación

DyN

El auditor general de la Nación, Leandro Despouy, le sugirió hoy al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, que “lea todas” las actuaciones realizadas que detectaron irregularidades en la gestión de su antecesor, Ricardo Jaime, para que constate “la validez de lo actuado”.

“Las cifras hablan por sí mismas”, sintetizó Despouy al responderle a Schiavi, quien descreyó del informe de la auditoría, y le aclaró al funcionario que el pedido de investigación sobre presuntas irregularidades en la concesión y contratos de ferrocarriles por 1.800 millones de pesos se aprobó “por consenso’”, incluso de los dos miembros nombrados por el Poder Ejecutivo.

Despouy, en declaraciones al canal Todo Noticias (TN), expresó además su esperanza en que “el próximo relevamiento” que se realice sobre la actuación en el área de Transportes ahora a cargo de Schiavi demuestre que la actuación es transparente y “sea positivo”, aunque aclaró que no tiene “ningún prejuicio” al respecto.

“Es importante que Schiavi lea todos nuestros informes sobre Transporte que vienen desde antes de la gestión de Jaime y que se prolongan durante la gestión de éste, donde hay recomendaciones muy importantes, muy útiles”, sostuvo. Expresó -asimismo- que los datos del informe “son actuales porque se aprobó hace pocos días, el 11 de noviembre”, en un período que “abarca del 2005 al 2008”. Indicó que “probablemente lo más importante es la significatividad de los montos” porque son “1.800 millones de pesos que ha destinado el Estado para la selección de obras por parte de las empresas concesionarias del ferrocarril”.

Irregularidades más comunes

Dijo que las irregularidades “más comunes” que se detectaron son “las contrataciones de las obras” y “también una falta de transparencia en la rendición de cuentas”. Al respecto, puntualizó que “el Estado debe comprobar efectivamente si los recursos han tenido el destino para el cual han sido afectados y, al mismo tiempo, si se ha cumplido efectivamente la rendición de cuentas para poder definir una reasignación de los nuevos subsidios”.

“De lo contrario -continuó-, se podría estar frente a la posibilidad de encubrir irregularidades o bien fomentar en la continuación de esas irregularidades si el Estado no tiene un adecuado resguardo de la rendición de cuentas”, advirtió. También comentó que el informe de la Auditoría “fue aprobado por consenso” y “no fue sometido a votación”, ya que “todos los auditores que estaban presentes lo aprobaron sin hacer observaciones, entre ellos dos personas electas a propuesta del oficialismo”.

Consideró “aberrante” que el órgano de control no tenga posibilidades de querellar a funcionarios que incurrieron en irregularidades, pues sólo están autorizados legalmente a concurrir “a la Justicia y hacer un seguimiento en la causa”.

“De todos modos, en el caso concreto de la gestión de Jaime, han sido tantas las irregularidades que han dado lugar a una enorme litigiosidad no encarada desde la Auditoría, sino desde muchos otros sectores que han presentado querellas, denuncias, etcétera”, acotó.