Población de menores ingresos
Solicitan identificación tributaria de casos sociales
A través de esta categorización se nuclearía a contribuyentes que por su condición socioeconómica se ven imposibilitados de cumplir con obligaciones de pago emanadas del municipio.
Ariel Durán-Sergio Ferrer
En estudio de las comisiones de Gobierno y Hacienda del Concejo Municipal de Santo Tomé se encuentra un trabajo perteneciente al socialismo, por el cual se requiere la identificación tributaria de los llamados Casos Sociales, un tema al que los propios autores de la propuesta definen como “muy sensible a nuestra población de menores ingresos” y que tiene que ver con la franja que ocupan, por ejemplo, jubilados, pensionados, desocupados, personas con capacidades diferentes, quienes, de una u otra forma, pueden demostrar lo que se denomina incapacidad contributiva, condición provocada, generalmente, por la falta de trabajo del titular de un inmueble y del grupo familiar que convive con él.
Antecedentes normativos
“En realidad, carecemos de una definición que identifique todos estos casos desde el punto de vista tributario en el ámbito municipal; si bien muchas veces se ha contemplado y aún hoy se contemplan este tipo de problemáticas, se lo hace atendiendo a las necesidades y urgencias ocasionales, por lo que creemos que es de vital importancia establecer una norma que de aquí en más sirva de criterio y de guía, para dar protección en aquellas situaciones en las que se requiere de la atención y contención del Estado municipal”, argumentan los ediles Libertad Lostumbo y Luis Martínez, representantes del Partido Socialista en el órgano legislativo local.
Las consecuencias del modelo económico llevado adelante durante los años noventa y las que devinieron luego en la grave crisis económica que afectó al país en los años 2001 y 2002, fue originando un conjunto de ordenanzas, hecho con el propósito de contemplar ciertas realidades sociales. Así, en el período 1990-2004, el Concejo sancionó cinco normas referidas a la eximición de la Tasa General de Inmuebles a determinados contribuyentes, relacionados con los casos descriptos, las que -inclusive- se agregaron a otras tres ya existentes, originadas en 1984.
Parar las ejecuciones
Cabe destacar que todas esas ordenanzas fueron pensadas para dar respuesta desde el Estado a las necesidades de los sectores antes mencionados; de todas maneras, durante todo este tiempo muchos contribuyentes no han podido acogerse a los beneficios de las mismas, generalmente por no encuadrarse en los requerimientos solicitados, situación que a su vez generó la conformación de otro grupo de contribuyentes, con imposibilidades de pago, que no estaba contemplado en las normativas vigentes.
Estos sectores sociales, señalan Lostumbo y Martínez, son los que tratan de cumplir con sus obligaciones municipales, pero se les hace imposible afrontarlas debido a su condición socioeconómica. Ello produce, entonces, un contexto conflictivo, porque se trata de vecinos que quieren regularizar su situación como deudores, pero también deben hacer frente a los honorarios de los ejecutores fiscales por deudas que les exigen desde la propia Municipalidad. Ante esta realidad, es necesario atender todas las situaciones que le pudieran surgir a quienes por sus condiciones de vida no pueden hacer frente al normal pago de sus tributos. Así, por ejemplo, al vecino definido como Caso Social, el municipio no le remitirá la deuda a los ejecutores fiscales y dispondrá la paralización del trámite si ya la hubiera remitido.
