EDITORIAL

Legislatura: fin del ciclo ordinario y temas pendientes

El Poder Legislativo terminó el centésimo vigésimo séptimo período de sesiones ordinarias marcado por la realización de elecciones nacionales y provinciales con la previa realización de primarias para seleccionar candidatos.

En el balance, habrá que señalar que el año legislativo estuvo caracterizado por el debate y la aprobación de leyes que apuntan a mejorar el funcionamiento de la Justicia, tema que sobre fines de noviembre motivó un fuerte cruce de opiniones entre el Colegio de Magistrados, el Poder Ejecutivo, el propio gobernador y la Corte Suprema de Justicia.

A la hora de observar las normas sancionadas en el período abierto en mayo y clausurado en el último día de noviembre, se deberán anotar varias leyes que apuntan a la puesta en práctica del nuevo Código Procesal Penal con sus tres columnas fundamentales: ley del ministerio público de la acusación; el servicio general de la Defensa y la nueva organización de los tribunales. Pero no sólo se discutieron y sancionaron normas referidas al sistema penal, sino que también habrá que señalar la sanción de una serie de reformas al Código Procesal Laboral que fueron recomendadas tres años atrás por el Plan Estratégico para la Justicia santafesina así como la creación de juzgados de familia en varias localidades de la provincia ante la alta demanda que tiene esa instancia judicial. La creación de esos juzgados fue fruto de discusiones y acuerdos entre los tres poderes del Estado.

Más allá del debate y de las posturas encontradas entre el Frente Progresista y el justicialismo, habrá que ponderar que finalmente la mayoría de esas leyes fueron sancionadas sin votos en contra.

El consenso alcanzado en esas normas para reformar la Justicia no fue logrado al momento de discutirse los pliegos del Enress y del defensor del Pueblo, organismos de control vacantes durante los dos últimos años.

Ahora, se abre el período de sesiones extraordinarias donde un único tema parece dominar el escenario político santafesino como es el paquete ómnibus que contiene el Presupuesto 2010, un ajuste fiscal y la autorización al Poder Ejecutivo para endeudarse.

La provincia debe tener presupuesto y debe tener recursos para afrontar las cada vez mayores demandas de la sociedad especialmente en materia de salud, educación, seguridad y justicia. El Poder Ejecutivo demoró casi dos meses más allá del plazo constitucional el envío de la llamada “ley de leyes” y, durante ese lapso, fue prácticamente imposible alcanzar un acuerdo mínimo con el justicialismo acerca del ajuste fiscal. Ahora se lo pretende alcanzar en pocos días. Es de esperar que prime un criterio racional y se tenga en cuenta la necesidad de financiar al Estado con el ahogo que sufre la ciudadanía por el aumento de la presión fiscal, de servicios y del costo de vida. La tarea de los legisladores será lograr ese sano equilibrio antes de fin de año. Al Poder Ejecutivo le cabrá en este tiempo la responsabilidad de explicar las razones del déficit.