Problemas de un intelectual que devino funcionario

Rápidamente cayó el telón sobre el último error político de Mauricio Macri, el jefe de Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que se está equivocando demasiado seguido, máxime cuando se trata de un presidenciable.

Al cabo de doce días de crecientes tensiones, Abel Posse, el designado ministro de Educación, presentó su renuncia. Así, los gremios de la educación y la oposición política a Macri, ganaron la partida. La que en cambio no ganó nada es la educación, que es el tema de fondo.

Es más, la migración de alumnos hacia el sistema privado es constante y sólo está limitada por los ingresos de los padres para afrontar las cuotas escolares. Este fenómeno está directamente asociado a la brutal pérdida de prestigio de la educación pública, a la discontinuidad de las clases por los frecuentes paros sindicales y a la manifiesta ideologización de los maestros que deben educar a los niños argentinos en vez de intentar encerrarlos en los cercos de sus dogmas políticos. En el imaginario de Macri, la designación de Posse se inscribía en este marco de contradicciones, pero sin diferenciar adecuadamente el papel de un intelectual -que debe reflexionar y provocar- del que cumple un funcionario -que debe gestionar y orientar.

Este error de encuadre desencadenó un conflicto inmanejable que permite extraer algunas conclusiones. En primer lugar, que la educación pública es hoy un dominio exclusivo y excluyente de las distintas variantes de la izquierda. En segundo término, que más allá de la torpeza política de Macri, hay una fuerte censura sobre el pensamiento de derecha, y que este dato informa sobre la calidad de nuestra democracia.

En lo que a Posse refiere, desde hace años escribe libros y publica notas en diarios de gran circulación, escritos en los que vierte sus puntos de vista sobre temas políticos, históricos y culturales, y que por lo general enardecen a la izquierda y al oficialismo nacional. Sus posiciones son sin duda controversiales y controvertidas, pero está fuera de discusión que, como ciudadano y como intelectual, está en su derecho de opinar según sus propios criterios.

Desde hace años, este hombre, que ha integrado el servicio diplomático de la Nación, difunde a través de la literatura y el periodismo su mirada crítica y sus opiniones a menudo provocadoras. También se ha defendido últimamente de quienes lo acusan de haber sido funcionario de la dictadura militar, señalando que su desempeño como diplomático de carrera no autoriza a atribuirle connivencias o complicidad con el régimen que se instaló en la Argentina en 1976.

Sin duda que Posse pertenece por tradición ideológica a lo que se suele denominar la derecha política, una posición ideológica legítima en la que también podría inscribirse el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y numerosos dirigentes políticos y sociales de la Argentina. En una democracia que merezca ese nombre, un ciudadano tiene derecho a ser de izquierda o de derecha, y nadie puede ser descalificado por el solo hecho de adherir a ellas.

EDITORIAL