EDITORIAL
Máquinas chinas, Justicia morosa
A fines de 2006, el juez de Instrucción Julio César Costa dijo públicamente que no contaba con las condiciones adecuadas como para investigar la denuncia por sospechas que pesaban sobre la compra de 140 motoniveladoras chinas por parte del gobierno provincial. En aquel momento no se conoció respuesta alguna por parte del poder político, ni del Poder Judicial.
Pasaron más de tres años y el tema volvió a ocupar un lugar en la discusión pública. Otra vez, el mismo juez se quejó por la falta de infraestructura y por la escasez de peritos contables como para investigar seriamente los elementos reunidos en esta causa.
Ahora, el magistrado asegura que avanzará, a pesar de todo y en la medida de lo posible, pues, de lo contrario, el año que viene la denuncia por supuestas irregularidades en la compra de motoniveladoras chinas se sumará a la extensa lista de causas vinculadas con posibles hechos de corrupción que han prescripto en la provincia de Santa Fe.
A esta altura de las circunstancias, no queda claro si fue el juez Costa quien adoptó una actitud pasiva frente a tamaña denuncia o si, en realidad, la responsabilidad les cabe a la Justicia y al poder político por no haber respondido en tiempo y forma a los reclamos del magistrado.
Inevitablemente queda la sensación de que, si esta vez la causa avanza, será porque los hechos volvieron a ocupar un lugar en los medios de comunicación.
Mientras estas denuncias no sean investigadas, queda flotando una incertidumbre que corroe. Si hubo responsables de algún delito, continúa abierta la posibilidad de que no rindan cuentas por sus actos. Y si no existió delito alguno, la sospecha seguirá pesando injustamente sobre estos ex funcionarios provinciales.
Pero no sólo la sensación de incertidumbre sobrevuela sobre esta sociedad hastiada e incrédula. Cuando este tipo de denuncias sobre probables casos de corrupción no se investiga, se instala el convencimiento de que para algunos sectores prima la impunidad. No importa lo que hicieron, o dejaron de hacer. Simplemente, el tiempo pasa, los hechos se olvidan y ellos continúan caminando por las calles como si nada hubiera ocurrido.
Según los responsables actuales de la Dirección Provincial de Vialidad, 88 de las 140 máquinas están fuera de uso y resulta muy difícil repararlas por tratarse de una tecnología ajena a la Argentina y por la falta de repuestos adecuados. Desde el justicialismo niegan cualquier tipo de irregularidad en aquella compra de maquinaria a la firma Austral Construcciones, vinculada con el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Los grandes casos de corrupción en esta provincia suelen quedar marcados a fuego en la memoria colectiva cuando ya son historia y es demasiado tarde como para que alguien rinda cuentas. La Justicia tiene la enorme responsabilidad de no incurrir en los mismos errores del pasado.
