EDITORIAL

El desafío de la gobernabilidad

La disputa por la integración de las comisiones del Senado de la Nación y por el reparto de los puestos de conducción en las mismas, e incluso en la misma Cámara, puede ser percibida como simples pulseadas para obtener ventajas personales o partidistas, o como demostración de poder en el contexto de una puja entre oficialistas y opositores, que no elude la oportunidad de someter y humillar al contendiente.

En realidad, esta mirada enfocada al aspecto más mezquino de la actividad política capta en alguna medida el tenor de la disputa, pero pierde de vista su verdadera dimensión y su trascendencia institucional, e incluso resulta injusta al soslayar actitudes que demuestran cabalmente el ejercicio de prudencia y responsabilidad.

En primer lugar, corresponde subrayar que el manejo de las comisiones es la clave para impulsar o frenar el avance de los proyectos de ley que, tomando en cuenta la nutrida y consistente agenda diseñada por la oposición -que incluye Consejo de la Magistratura, DNU, superpoderes, coparticipación, Indec y combate a la corrupción-, tendrán un importante impacto en lo que hace a la calidad institucional, el manejo de los recursos y el desenvolvimiento de los funcionarios públicos. Y aquí debe apuntarse que, si bien logró el número suficiente para imponerse al kirchnerismo, la oposición reservó la conducción de las comisiones llamadas “de gestión” -como Presupuesto y Hacienda, o Asuntos Constitucionales- al sector que responde al gobierno.

Otra muestra de buen juicio republicano fue la que terminó imponiéndose en el conglomerado de fuerzas que accedió a la mayoría, al rechazar la iniciativa -impulsada sin inocencia por algunos de sus integrantes- de captar la vicepresidencia primera del cuerpo y acceder así a la línea sucesoria, en una maniobra tan controvertida como peligrosa.

En todo caso, las diferencias sobre este punto deberían funcionar también como una luz de advertencia y como el punto de apoyo apropiado para delimitar debidamente los términos y el alcance de esta especie de sociedad parlamentaria, caracterizada por la disparidad ideológica e incluso de concepción democrática -o mero oportunismo- de sus integrantes. Y es que, más allá de las estrategias electorales que paralelamente se diseñen o articulen, el único y esencial punto de coincidencia entre todos estos partidos es la vocación por poner límites al poder central. Allí se cifra su capital político -aquel que le permite establecer esta mayoría gestada por la sumatoria de elementos dispares- y la asunción de su verdadero rol republicano, que no pasa por socavar la base de sustentación de un gobierno legítimamente constituido, sino por controlar que su accionar sea igualmente legítimo y combatir las medidas que violenten esa condición.

La nueva relación de fuerzas obligará al gobierno a ajustarse a las formas republicanas para preservar la gobernabilidad; un desafío que compartirá con la oposición y que tendrá como principal beneficiario y acreedor al pueblo argentino.