Designaron 21 jueces comunales
El Ejecutivo envía el proyecto de justicia comunitaria a la Legislatura
La iniciativa fue presentada por Binner con el ministro Superti y el secretario Vicente. Apunta a descomprimir los juzgados de circuito y acercarse al ciudadano. Antecedentes legislativos.
El gobernador Hermes Binner entrega los diplomas a los flamantes jueces comunales.
Foto: Flavio Raina
De la redacción de El Litoral
El Poder Ejecutivo presentó este mediodía el proyecto de ley comunitaria que remitirá a la Legislatura y para lo cual habilitará su tratamiento en el presente período de sesiones extraordinarias. La iniciativa fue anunciada por el gobernador Hermes Binner, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti y el secretario de Justicia, Roberto Vicente.
Loa detalles de la iniciativa que toma los diversos antecedentes legislativos que bajo el título de “justicia de pequeñas causas” fueron presentándose en la Cámara de Diputados desde 1998 en adelante, fue tras el acto de notificación a los 21 nuevos jueces comunales designados tras un concurso realizado en el ámbito del Consejo de la Magistratura.
Pasaron más de seis años de las últimas designaciones de jueces comunales producidas sobre el final de la segunda gestión de Carlos Reutemann. Su sucesor, Jorge Obeid propició sobre fines de su mandato concursos para cubrir algunas de las numerosas vacantes que finalmente fue desechado por la actual administración que resolvió realizar otro tipo de concursos para cubrir los cargos vacíos.
Binner destacó que estos 21 magistrados fueron designados de acuerdo con el sistema reformulado por la actual administración para mejorar el proceso de selección, según un modelo que hace hincapié en la capacidad técnica de los aspirantes y en su compromiso con el Estado de derecho. Hubo concursos públicos abiertos de antecedentes, oposición y entrevistas con los candidatos.
El proceso de selección pública comenzó el 27 de abril con la prueba de oposición, en la que participaron simultáneamente los 258 candidatos inscriptos para cubrir los 21 cargos.
La siguiente etapa del proceso de selección fueron las entrevistas públicas, a cargo de un consejo consultivo conformado por representantes de los Colegios de Abogados y de las universidades nacionales, elegidos por sorteo, y presidido por Vicente.
Así para cumplir funciones en Alcorta, departamento Constitución, se designó a Ana María Moresco; para Arequito, departamento Caseros, a Amalia Valentina Maggi; para Ataliva (Castellanos), a Norma Nancy Barlasina; para Avellaneda (General Obligado) a Mario Juan Cracogna; para Cañada Rosquín (San Martín), a María Inés Guadalupe Ferrari; para Capitán Bermúdez (San Lorenzo) a Laura Erica Ricciardi.
Para Colonia Belgrano (San Martín) a María Isabel Peretti; para Firmat (General López) a Cristian Andrés Becerra; para Fortín Olmos (Vera), a Efraín Miguel Rodríguez; para Franck, (Las Colonias) a Sandra del Valle Ferrari; para Frontera (Castellanos) a Delia Teresita Arcati.
Para Malabrigo (General Obligado) a Ariel José Luis Massin; Matilde (Las Colonias) a Rosana Fabiana Viotti; para Pavón Arriba (Constitución) a Martín Andrés Fantoni; para Ricardone (San Lorenzo) a Marina Vitantonio; para San Martín de las Escobas (San Martín) a Ariana Flavio Quiroga.
Para Suardi, (San Cristóbal) a María Elena de los Ángeles Agostini; para Santa Margarita (9 de Julio) a Gastón Antonio Velasco; para Totoras (Iriondo) a Germán Daniel Castellani; para Villa Ana (General Obligado) a Miguel Alejandro Cabeza; y para Villa Minetti (9 de Julio) a Mónica Graciela Alvez.
El proyecto a la Legislatura
Por otra parte, ante la prensa, se dieron detalles del proyecto para reformar la justicia comunitaria con el fin de reorganizar el sistema y disminuir la carga jurisdiccional a los juzgados de primera instancia de distrito y de circuito. En los fundamentos, se recuerdan los distintos proyectos que se fueron presentado en la Cámara de Diputados, tomando los aspectos que -en cada caso- el Poder Ejecutivo consideró como más valiosos, así también el aporte que hicieron llegar distintos actores de la Justicia y la academia ante la consulta efectuada por el Ejecutivo a partir de un anteproyecto elaborado el año pasado.
“El objetivo es cambiar la actual Justicia comunal por un sistema donde haya una participación más activa del juez, instalando la mediación obligatoria previa para que esta justicia sea contenedora de los problemas comunitarios”, explicó Vicente a El Litoral.
El mensaje pone en jurisdicción de este tipo de juzgados las causas de hasta 46 jus (unos 7.000 pesos actualmente) lo que permitiría disminuir la presión sobre juzgados de circuitos y de distrito.
Uno de los objetivos es que sea un procedimiento corto que ayude a superar las diferencias entre vecinos y que también pueda ser autoridad de aplicación en todo lo que hace a la aplicación de la ley de defensa del consumidor y del usuario, así como intervenir en problemas originarios de familia. “Se apunta a buscar resolver los conflictos en tiempo real y que el ciudadano del interior sienta que la justicia está más cerca” explicó Vicente.
También el proyecto contempla la posibilidad de ir separando en el tiempo las competencias del Poder Ejecutivo (registro Civil) de la justicia comunitaria.
