La semana próxima
Los represores contarán su versión en la causa Esma
Los 16 imputados comenzarán a ser citados por el Tribunal Oral Federal 5, que preside el juez Daniel Obligado. Desfilarán, entre otros Jorge “Tigre” Acosta y Alfredo Astiz, acusados del secuestro y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonnie Duquet.
Alfredo Astiz, “El ángel rubio”, si accede a hacerlo, podrá contar -la semana que viene- al TOF 5 su actuación en los años de plomo en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Foto: Archivo El Litoral.
Agencia Télam
Los represores imputados por delitos de “lesa humanidad” cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (Esma) durante la última dictadura militar, podrían comenzar la semana próxima a dar sus versiones de los hechos.
Una vez finalizados los planteos de “cuestiones preliminares”, efectuados por las querellas y las defensas de los 16 imputados, el presidente del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, convocará a los imputados a prestar declaración indagatoria.
Según las normas procesales, en toda causa penal el imputado puede negarse a declarar “sin que ello sea tomado como prueba en su contra”, o acceder a ser indagado para dar su versión de los sucesos por los cuales está acusado.
De hecho no pocos represores han utilizado esa posibilidad en juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura para reivindicar su conducta.
Tal vez uno de los más emblemáticos haya sido el destituido capitán de la Armada Jorge “Tigre” Acosta quien aseguró, en una carta remitida días atrás al Tribunal, ser objeto de una “persecución política” y que esta causa es “contra algunos de los que derrotamos a los terroristas, para restablecer la paz” y, en forma amenazante, sostuvo que “la guerra no terminó”.
Durante las indagatorias será el momento de escuchar -si acceden a hacerlo- a Acosta y a Alfredo Astiz, dos de la docena y media de ex jefes navales que actuaron en ese centro clandestino por el cual, se estima, pasaron alrededor de cuatro mil prisioneros.
Los banquillos de los acusados los ocupan, además, Juan Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Antonio Pernías, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller y Ernesto Weber.
La única excepción es el vicealmirante Oscar Montes, que llegó a ser canciller de la dictadura militar durante el Mundial de Fútbol de 1978 y hoy es un octogenario que en la apertura del juicio fue llevado en silla de ruedas.
Los represores son juzgados por el tramo de la “megacausa Esma”, conocido como “testimonios A” y por el secuestro y desaparición de las monjas francesa Leonnie Duquet y Alice Domon y el del periodista y escritor Rodolfo Walsh.
El tribunal, que comenzó este debate el 11 de diciembre último y prevé su finalización para la segunda mitad del año, lo integran junto al camarista Obligado sus colegas Ricardo Farías y Oscar Hergott, en tanto el juez Germán Castelli hace las veces de juez “suplente” ante cualquier inconveniente de sus tres titulares.
Las acusaciones están a cargo de los fiscales Mirna Goransky y Pablo Ouviña; la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales representado por la abogada Carlina Varsky; un grupo de sobrevivientes representados por el letrado Rodolfo Yanzón; el abogado Horacio Méndez Carreras por las monjas francesas y el colectivo “Justicia Ya” que actúan como querellantes.
Detalles
Fuentes allegadas a la investigación recordaron que, en este proceso, se juzgan los hechos que habrían tenido como víctimas a 85 prisioneros que fueron secuestrados y torturados en el centro clandestino de detención que funcionaba en ese instituto de formación naval.
La causa por delitos de lesa humanidad en la Esma -como la que investiga los hechos aberrantes perpetrados en la órbita del Cuerpo I del Ejército durante la última dictadura militar- se reabrió en agosto de 2003, luego de la anulación y declaración de “nulidad insanable” de las leyes de obediencia debida y punto final.
Esa investigación tramitó en la etapa instructoria ante el juez federal Sergio Torres, en tanto la relacionada con los hechos en el I Cuerpo la lleva adelante su colega Daniel Rafecas, el magistrado que parangonó a los centros clandestinos de detención con los campos de concentración del nazismo.
