EDITORIAL

Cascos y una norma para el debate

Los accidentes de tránsito y la gravísima incidencia que tienen sobre la salud de las personas han pasado a constituir un tema central de preocupación en ámbitos oficiales y no gubernamentales. Las campañas de concientización llevadas a cabo por unos y otros ponen el foco en la importancia de adoptar medidas simples pero eficaces para la prevención de siniestros, tanto para asegurar el cumplimiento de las leyes y ordenanzas como para resguardar la vida propia y ajena; motivación esta última que debería ser suficiente para garantizar un mayor apego a las normas pero sobre la que resulta indispensable insistir una y otra vez.

A estas campañas se han sumado, en los últimos meses, medidas concretas para revertir la negra estadística de muertes y heridos en calles y rutas. Varias de esas disposiciones tuvieron como eje a conductores de motovehículos, como por ejemplo la sanción, a finales de 2009, de la ley provincial que obliga a venderlos junto con el casco protector.

En los últimos días, la novedad fue la ordenanza sancionada por el Concejo municipal de esta ciudad que prohíbe la venta de combustible a motociclistas que carezcan -precisamente- de casco protector, tanto para ellos como para su acompañante. Apenas conocida y antes de su entrada en vigencia, la disposición despertó reacciones opuestas entre quienes avalan esta medida como una forma de estimular el uso de un elemento considerado fundamental para la prevención de lesiones graves y quienes ponen en duda la operatividad de la misma.

La propia ordenanza indica que para asegurar su cumplimiento se deberían suscribir acuerdos de colaboración con los comercios dedicados al expendio de combustible, a la vez que habilita la posibilidad de coordinar acciones con otros municipios y comunas de la región a fin de mantener un criterio similar.

Los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de muerte entre jóvenes, sostiene la autora del proyecto en sus fundamentos. Esta tendencia se cumple, en particular, cuando están involucrados motociclistas. Más allá de las estadísticas los datos oficiales y de ONGs coinciden en que la siniestralidad en rutas y caminos es la principal causa de muerte de personas jóvenes sanas, un argumento más que suficiente para alentar políticas de prevención, independientemente del debate que toda norma merezca para decidir su efectividad.

Un reciente estudio nacional realizado por la ONG Luchemos por la Vida arrojó como resultado que el 90 % de los motociclistas no utilizaban el casco protector. En la ciudad, y más allá de la profundización de los controles que contemplan -entre otros- el uso del casco, la postal que se observa indica a las claras que aún existe una fuerte distancia entre los esfuerzos por prevenir accidentes y la materialización de las recomendaciones. Más de dos personas en una moto, sin casco, muchas veces con niños de muy corta edad a bordo indican, cuanto menos, una clara indiferencia hacia las multas y sanciones que corresponden en cada caso, pero además un alarmante desinterés por el cuidado de la propia vida.