Apuntes de política provincial
La razón asiste a Binner
Teresa Pandolfo
Increíblemente, el gobierno de la Nación obvió a Santa Fe cuando distribuyó fondos acumulados de los ATN por casi 10.000 millones de pesos entre las provincias que mantenían deudas con el Estado Nacional.
Los ATN fueron creados para hacer frente a emergencias y situaciones de desequilibrio presupuestarios -la ley no habla de pago de deudas-, se detraen de la coparticipación y son de administración nacional.
A las provincias que tenían deudas con el gobierno de la Nación, proporcionalmente, se las compensó. El 40 % de ese fondo acumulado de ATN fue para la provincia de Buenos Aires, la más endeudada del país. Se benefició con más de 3.900 millones de pesos, en tanto que otras como Córdoba quedaron con toda su deuda saldada.
Santa Fe no le debe nada a la Nación. Por el contrario, es el Estado nacional el que mantiene deudas con la provincia: un pasivo consolidado y reconocido en la última parte del gobierno de Jorge Obeid y los aportes por varios años a la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Ambos conceptos suman cerca de 1.000 millones de pesos y, además, se encuentra a resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el reclamo por el recorte del 15 % de la coparticipación que va a enjugar el déficit de la Anses; el organismo es superavitario.
El motivo de omisión deliberada de Santa Fe es político: la gobierna una coalición integrada por partidos opositores a la gestión kirchnerista y, además, en la pelea por los fondos para la provincia se unen al oficialismo de la Casa Gris las dirigencias obeidistas y reutemanistas del Partido Justicialista.
Cuando en marzo el gobernador Hermes Binner fue a la audiencia de conciliación por la detracción en la coparticipación convocada por la Corte Suprema, estuvieron presentes en la sala todos los legisladores nacionales no kirchneristas.
La señal disparada al Máximo Tribunal y al gobierno de la Nación fue intensa: las principales figuras del PJ estuvieron en Buenos Aires, incluyendo a Carlos Reutemann, de quien no se puede decir que tenga una relación fluida con el gobernador. Sin embargo, allí estuvieron para respaldar un justo reclamo.
Igualmente, en esta oportunidad en que se deja fuera del reparto a Santa Fe y otras cuatro provincias, al grito del gobierno binnerista se sumaron nuevamente todos, desde Jorge Obeid hasta los ex ministros de Hacienda, Juan Carlos Mercier y Walter Agosto, que salieron a explicitar la situación fiscal desde los años ‘90.
En el Senado de la provincia, con mayoría opositora a Binner, por unanimidad, se apoyó un pronunciamiento en contra de la medida nacional. Asimismo, legisladores nacionales en el Senado (el socialista Rubén Giustiniani y Carlos Reutemann) y en la Cámara de Diputados suscribieron proyectos sobre los ATN acumulados, promoviendo su distribución por índice de coparticipación. De haber utilizado esa metodología la señora de Kirchner, Santa Fe debería haber recibido más de 800 millones de pesos.
La provincia presenta desde diciembre de 2008 un desequilibrio presupuestario, por lo cual ameritaría recibir asistencia nacional. Tampoco pueden desconocerse los altos niveles de pobreza que condicionan tanto a Rosario y la ciudad capital, entre otros distritos que reciben los flujos migratorios. En el mismo gobierno se habla de un 30 por ciento de habitantes por debajo de la línea de pobreza.
¿Algo comenzó a cambiar?
Esta periodista coincide con expresiones recientes del doctor Binner cuando señaló que las dos cuestiones centrales a resolver en la Argentina son la pobreza y la baja calidad institucional. El tema elegido para esta entrega semanal de “Apuntes...” es una prueba de esa baja calidad institucional.
Una señal diferente para el país comenzó a aparecer con el acompañamiento en el reclamo a la Nación por parte de obeidistas y reutemanistas al gobierno de Binner. Sería deseable que este gesto, en el escenario complejo de la política nacional, se ampliara con otras actitudes dentro del territorio orientadas a los conductores de los municipios y comunas, sin importar su signo partidario.
Los municipios gobernados por el justicialismo dicen estar sin plata. En algunos documentos, incluso, han hablado de discriminación y los intendentes y presidentes comunales deben peregrinar a Buenos Aires cuando quieren encarar alguna obra o servicio. Según las simpatías políticas es lo que obtienen. En esta línea de viajes, la peor situación la pasa la Municipalidad de Santa Fe, para la cual todas las fuentes de recursos nacionales se le han cerrado, porque el jefe de la ciudad responde a un partido de la oposición.
En tanto, los intendentes del Frente Progresista Cívico y Social volverán a reunirse el martes a fin de reiterar su imposibilidad financiera para hacer frente a la política salarial de sus agentes. Le reclaman atención a la Legislatura y a la Casa Gris, la distribución del Fondo de Financiamiento Educativo.
La provincia está en condiciones de dar un ejemplo de civilidad política. El devenir histórico ha llevado a las ciudades a asumir mayores responsabilidades políticas y sociales y, para hacer frente a estos crecientes desafíos, deben contar con los recursos para desarrollarse, no sólo para mantener la administración.
Urge, entonces, que aparezca en la Legislatura una mesa de acuerdo entre el oficialismo y la oposición, en la que se sinceren todas las variables del gasto y se puedan conciliar criterios de imposición tributaria y de distribución de los recursos.
Santa Fe debería proponerse dar ese ejemplo de calidad institucional. En primer lugar, no repitiendo conductas nacionales cuestionadas por todo el arco político no kirchnerista. Los niveles de inseguridad se han convertido en el límite ya extremo en la pelea por los espacios de poder.
