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La Justicia ordenó la liberación del paso internacional

Gualeguaychú: el gobierno

acatará la resolución judicial

La presidenta se reunió este mediodía con el jefe de Gabinete y el ministro de Justicia para establecer la estrategia a seguir, luego que el juez federal de Gualeguaychú ratificara la decisión de despejar el puente. El gobierno confía en que los asambleístas terminarán aceptando la medida.

Gualeguaychú: el gobierno  acatará la resolución judicial

Al cierre de nuestra edición, los asambleístas habían vuelto a ocupar la calzada del puente. En la nota gráfica, la última protesta luego de conocido el fallo de la Corte de la Haya.

Foto: EFE

 

De la redacción de El Litoral

política@ellitoral.com

Télam/DyN

El ministro de Justicia, Julio Alak, indicó que “en el día de hoy” el gobierno nacional implementará la orden judicial que dispuso la liberación del puente internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos, y expresó su confianza en que los asambleístas “van a acatar” la resolución.

“Nosotros debemos darle operatividad a la resolución judicial porque, si no, incurriríamos en desobediencia. Vamos a analizar con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y con el jefe de la Gendarmería (Héctor Schenone) la implementación, pero consideramos que debe darse en el día de hoy”, afirmó esta mañana el ministro.

De todos modos, en declaraciones formuladas a Radio Diez, el funcionario consideró que, aunque “inicialmente quizás tenga un nivel de resistencia” la orden judicial por parte de los asambleístas que mantienen el corte de ruta en rechazo a la pastera Botnia, “en el corto plazo va a ser cumplida”.

En este sentido, remarcó que el gobierno “va a hacer cumplir (la orden judicial) a través de la Gendarmería dentro del marco del Estado de Derecho”, y precisó que, si los manifestantes no se avienen a respetar la resolución, “serán notificados personalmente que deben acatarla”.

“Nosotros vamos a notificar en la fecha a los manifestantes la resolución judicial y tenemos mucha confianza que gran parte de estos manifestantes la van a acatar”, expresó el ministro quien dejó en claro que el gobierno nacional, a través de la Gendarmería, no cometerá “ninguna acción que ponga en riesgo la vida de los manifestantes”.

Además, entendió que la resolución judicial, “luego del fallo de la Corte Internacional, se da en un contexto diferente a los anteriores” y consideró que “en ese caso tiene que ser acatada por los manifestantes de Gualeguaychú”, máxime teniendo en cuenta que “esto ha sido pedido por un grupo importante de vecinos”.

“Se dan todas las circunstancias como para que manifestantes interpreten de que ya no hay más espacio para mantener esta vía de tránsito cortada”, planteó.

A favor y en contra

En tanto, asambleístas de Gualeguaychú aguardaban este mediodía en el paraje Arroyo Verde la llegada de personal de Gendarmería, que les comunicará formalmente que deben liberar la ruta 136, interrumpida desde hace más de tres años en rechazo de la pastera UPM (ex Botnia).

Voceros de la Asamblea de Gualeguaychú señalaron que desde la fuerza de seguridad nacional les indicaron que el trámite se cumplirá durante la jornada de hoy, pero no esperaban que los efectivos usen la fuerza para sacarlos del lugar.

Por su parte, el movimiento “Ciudadanos Movilizados de Gualeguaychú”, que el mes pasado pidió al juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, que libere la Ruta Nacional 136, se manifestó hoy confiada en que la orden judicial “se cumplirá de la mejor manera y sin violencia”.

La dirigente del movimiento Cristina Garciarena reconoció que se estaba ante “una situación delicada y tiene que primar la sensatez y la cordura”

Pidió también “no exacerbar los ánimos para impedir que la sociedad de Gualeguaychú se divida”.

Garciarena y otros integrantes de “Ciudadanos Movilizados” -un movimiento que se constituyó en Gualeguaychú para tratar de lograr que se levante el bloqueo- se presentaron el 20 de mayo pasado en los tribunales federales de Concepción del Uruguay para pedir que se reabra la Ruta 136.

“Estamos aislados y nos estamos aislando cada vez más. Estamos quedando afuera del corredor del río Uruguay y afuera del circuito turístico y comercial”, argumentó Garciarena.

La posición de la justicia

La Justicia de Concepción del Uruguay instó al gobierno a cumplir con el fallo judicial que disponía garantizar el libre tránsito entre Argentina y Uruguay.

Anoche, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró anoche que “ se va a cumplir” la decisión judicial y explicó que para cumplirla la Gendarmería “se hará presente en el lugar”.

El funcionario aseveró que “en caso de que se nieguen (los asambleístas) se va a proceder a la identificación de las personas y los vehículos y se remitirán esos datos a la Justicia por resistencia a una orden judicial”, puntualizó Randazzo al hablar anoche en la Casa Rosada.


Efectos en la economía

La resolución se anunció una semana después de una reunión mantenida entre los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, y Uruguay, José Mujica, cerca de la ciudad uruguaya de Colonia, ocasión en que especialmente consideraron la situación derivada del corte.

El litigio por la instalación de la papelera fue dirimido por la Corte Internacional de La Haya, que el pasado 20 de abril determinó que Uruguay violó el estatuto del río homónimo pero consideró que la planta puede seguir operando porque no hay pruebas de que contamine el medio ambiente.

Desde que comenzó el bloqueo del paso fronterizo, en Gualeguaychú han cerrado 141 comercios y han quebrado dos firmas de despachantes de aduanas, según datos de la agrupación “Ciudadanos Movilizados por el Levantamiento del Corte”, que en mayo presentó una demanda judicial contra los ecologistas.

Según estimaciones oficiales, unos 4.000 vehículos pasaban a diario por ese puesto fronterizo.

El fallo

El fallo fue firmado anoche por el juez federal subrogante Gustavo Pimentel, al pronunciarse sobre un reclamo de un grupo de ciudadanos autoconvocados de Gualeguaychú que pedían el levantamiento del corte de ruta. El juez dispuso que la Gendarmería debe cumplir con una orden judicial que se había dictado en 2006 y que el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, había impedido porque consideraba que era el gobierno el que tomaba la decisión sobre ese asunto.

Luego de otras explicaciones sobre el caso, Pimentel le recuerda a Gendarmería nacional que “los mandatos judiciales instrumentados mediante los oficios números 86/06, 299/06 y 1479/07 se encuentran plenamente vigentes”.

/// el dato



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