Por el corte del puente en Gualeguaychú
Decreto habilitó al gobierno como querellante contra los asambleístas
De la redacción de El Litoral
A última hora de la tarde de ayer, la presidenta Cristina Fernández firmó el decreto para que la Justicia de Concepción del Uruguay admita al gobierno como querellante contra los asambleístas de Gualeguaychú y se pueda proceder al desalojo del corte en el puente que comunica con Uruguay.
Con este decreto, la mandataria habilitó al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, para que haga la presentación correspondiente ante el juez federal subrogante Gustavo Pimentel.
La norma fue firmada por la presidenta y el ministro de Justicia, Julio Alak, y fue enviada anoche por el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, al Boletín Oficial, donde se publicará el lunes, en tanto que el procurador Joaquín Da Rocha lo remitió al juzgado federal a cargo del Dr. Gustavo Pimentel para activar las citaciones y tomar las medidas de prueba a 10 asambleístas por 18 cargos.
Secuencia
Después del anuncio que realizó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sobre la decisión del Ejecutivo de querellar a los ambientalistas entrerrianos, la Justicia requirió la firma de un decreto presidencial para poder admitirlo como denunciante.
El ministro de Justicia, Julio Alak, volvió a cuestionar la “actitud cerril” de quienes mantienen el corte de tránsito en el enlace con la localidad uruguaya de Fray Bentos, en repudio a la pastera UPM (ex Botnia), y los llamó a “reaccionar rápidamente” porque, consideró, “ya no quedan excusas para mantener cortado un puente que nos une a un país hermano”.
En coincidencia con Aníbal Fernández, lamentó el “capricho” de los asambleístas de mantener bloqueado el paso internacional y ratificó la decisión de la Casa Rosada de “no ir con palos, sino con la ley. La ley es más fuerte -subrayó- que cualquier represión”.
Por esas declaraciones de los dos miembros del gabinete, el abogado de la asamblea de Gualeguaychú, Luis Leisa, reclamó “mesura y racionalidad” al gobierno y juzgó como una “medida sin sentido y absolutamente irracional” la iniciativa de una querella.
El diario La Nación, en su edición de la fecha, señala que el gobierno ahora aspira a que el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, comience a citar y a procesar a los imputados lo más rápido posible, porque de ese modo -creen en la Casa Rosada- se acelerará el levantamiento del bloqueo que solucionaría el prolongado conflicto con Uruguay.
