Empleo de mano de obra local
Modifican una ordenanza de 1988 para evitar “avivadas”
Quedó establecida en un año de antigüedad, como mínimo, la residencia en nuestra ciudad para los empleados locales que trabajan en empresas que son de otras jurisdicciones y operan con la Municipalidad de Santo Tomé.
Ariel Durán-Sergio Ferrer
Los ediles radicales Daniela Qüesta y Martín Giménez brindaron detalles a este medio de la ordenanza que el cuerpo legislativo local les aprobó esta semana, disponiendo que las empresas contratistas de obras y servicios con la Municipalidad de Santo Tomé deban emplear personal de obra domiciliado con una antigüedad no menor a un año en nuestra ciudad, en un porcentaje no inferior al 70 por ciento del contratado para la ejecución de los trabajos (antes no estaba determinado el período de tiempo), requisito que será ineludible en cada pliego de bases y condiciones, o en cada contrato, según se trate de licitación pública o contratación directa.
Desde 1988, existe en Santo Tomé una normativa, la Nº 1.410, que establece que las empresas contratistas de obras y servicios con el municipio santotomesino deben respetar la reglamentación del empleo de mano de obra local, con el espíritu de favorecer el mismo por parte de las firmas que trabajan con el Estado municipal, quedando excluidos de los alcances de la misma el personal técnico y de dirección de obra, resorte exclusivo del contratista. Así, el hecho de utilizar en su mayoría a personas radicadas en Santo Tomé, serviría para generar beneficios que repercutan positivamente en todos los estamentos de nuestro distrito, profundizando con esto un mecanismo de promoción y apoyo a la creación de nuevas fuentes de trabajo.
Respaldo unánime
No obstante ello, tal como lo resaltan desde el bloque radical, con el correr de los años se fueron dando circunstancias y situaciones enojosas, “en las que las empresas domiciliadas en otra jurisdicción al momento de iniciar los trabajos para los que fueron contratadas por el municipio, traían consigo la mano de obra, pero cumplían con el requisito obligatorio anterior, haciendo que los trabajadores que arribaban a Santo Tomé fijaran su domicilio en la ciudad hasta la finalización de las obras, para luego abandonar el lugar junto con ellas, perjudicando así a muchos santotomesinos que pugnaban por un puesto de trabajo”.
“Justamente, para corregir esto último, es que se creyó oportuno y conveniente sancionar en un solo texto la totalidad de la normativa vigente, incorporando en ella la modificación propuesta”, finalizan. En su texto original, la Unión Cívica Radical había planteado seis meses de residencia mínima para el personal empleado por estas firmas al momento de empezar una obra municipal, pero, tras el debido análisis de las comisiones de Gobierno y Hacienda, el Concejo avaló unánimemente el plazo de un año de antigüedad.
