Polémica con el ministro Cappiello

Trasplantes: insisten en acusar al

Estado por la falta de políticas

La ONG que agrupa a deportistas trasplantados reiteró que es una responsabilidad del titular de la cartera sanitaria lograr que aumente la procuración de órganos en la provincia. Volvió a pedir que se revea la regionalización dispuesta por el Incucai.

De la redacción de El Litoral

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La Asociación Civil de Deportistas Trasplantados (DeTSa) volvió a reclamar una política pública para recuperar la donación de órganos en la provincia, que hoy está por debajo de la media nacional. En respuesta a las declaraciones publicadas por El Litoral del ministro de Salud, Miguel Angel Cappiello, en las que denunció que los sanatorios privados no procuran órganos ni sinceran las listas de pacientes en espera, la ONG planteó que los sanatorios privados “son sólo efectores” de una política sanitaria que debe fijar el Estado.

“Cuando esa política no existe, es el Estado el que falla. Por eso consideramos que es el ministro el responsable ciento por ciento de lo que sucede en la provincia en materia de donación y procuración de órganos”, sostuvieron. La entidad advirtió que Santa Fe es la única provincia en la que cayó la procuración, ya que a nivel nacional “lo que hubo fue un amesetamiento”.

A través de un escrito enviado a este diario, el presidente de DeTSa, Martín Palamedi, recordó que “desde hace tiempo” vienen planteando el deterioro de la procuración, “pero nadie del Ejecutivo nos quiso escuchar. Repito, si no toman medidas urgentes, no habrá un futuro en procuración”, sentenció.

Palamedi valoró que Cappiello haya reconocido el descenso en la donación de órganos, pero, sobre esa misma base, volvió a reclamar medidas. “¿A cuántos compañeros más tendremos que ver cómo se les apaga la vida a la espera de un órgano por no actuar de manera urgente? Si reconoce el problema, actúe”, exigió.

Región polémica

Palamedi renovó también su crítica a la nueva regionalización dispuesta por el Incucai, a la que adhirió el Ministerio de Salud por una resolución. Cappiello ratificó esa medida porque, según argumentó, no hay pruebas que demuestren las desventajas que plantean quienes se oponen a ella.

Palamedi aclaró que la firma de esa resolución se dio en medio de “un proceso de intercambio de ideas en los distintos estamentos en los cuales participan los actores involucrados en la problemática (ONGs, pacientes, ex directores y médicos trasplantólogos). Y reiteró que, al sumarse Santa Fe a la Región Centro, “estamos hablando de 26.338.020 de personas para la distribución de órganos, cuando hasta hace unos meses formábamos parte de la Región Litoral, conformada por 6.000.000 de habitantes y el tiempo en espera para recibir un órgano era de 4 a 6 años”. Por eso insistió: “La regionalización nos perjudica y mucho; los pacientes consideramos que nos han firmado el certificado de defunción por anticipado. Además, violan la ley porque adhirieron a esa regionalización sin tener el consenso de todos los consejos de asesores”. El Ministerio aclaró al respecto que dichos cuerpos están siendo convocados en estos días, ya que “nunca antes” habían sido constituidos.

Entender

Según Palamedi, ni Cappiello ni la titular del Cudaio, María Teresa Ferreyra, “saben qué hacer con nuestra problemática; no la entienden ni les interesa la vida de los involucrados en este tema porque, si así fuese, habría participado (el ministro) de la reunión en la presidencia del Senado”.

En su carácter de presidente de una institución “que representa a más de 3.000 pacientes, que lucha por la vida”, según dijo, Palamedi preguntó públicamente si realmente la procuración es hoy una cuestión de Estado.

“¿Realmente les interesa solucionar el problema? -insistió- Porque lo que se percibe en sus declaraciones (las del ministro) es que intenta correr de foco el verdadero problema, que se llama procuración”, concluyó.

Dos aclaraciones legales

Lectores de El Litoral se comunicaron con el diario para aludir a la declaración del ministro cuando manifestó que “los médicos no tienen la obligación legal de procurar órganos pero sí moral”. Al respecto, coincidieron en citar el artículo 26 de la ley nacional Nº 24.193 de “Trasplantes de órganos y materiales anatómicos”, cuando sostiene que “todo médico que mediante comprobaciones idóneas tomare conocimiento de la verificación en un paciente de los signos descriptos en el artículo 23 (para diagnóstico de muerte), está obligado a denunciar el hecho al director o persona a cargo del establecimiento, y ambos deberán notificarlo en forma inmediata a la autoridad de contralor jurisdiccional o nacional, siendo solidariamente responsables por la omisión de dicha notificación”.

Por su parte, voceros del Ministerio de Salud aclararon a El Litoral que cuando se cita la ley provincial 11.264 para advertir que la actual directora del Cudaio, María Teresa Ferreyra, no cumple con el requisito legal de tener 10 años de especialización en la materia, se soslaya el decreto Nro. 2.929 de 1995 que vetó parcialmente la ley en cuestión y, con posterior aval legislativo, terminó estableciendo que “el Cudaio estará a cargo de un director que revestirá como funcionario político y dos subdirectores, uno con asiento en Santa Fe y otro en Rosario, designados por el Ejecutivo. Tanto el director como los subdirectores -sigue diciendo el decreto- deberán ser profesionales de la salud debiendo los subdirectores contar con una experiencia en procuración de órganos y trasplantes no menor a diez años”. A partir de esa norma, el requisito de la especialización de diez años quedó limitada a los subdirectores.

Amparo

La Asociación Civil de Deportistas Trasplantados (Detsa) anunció que, “debido a los reiterados reclamos y a la falta de respuesta por parte del Ejecutivo provincial en relación con la resolución del Incucai donde establece una nueva regionalización del país”, decidió presentar un recurso de amparo “con el objeto de frenar dicha resolución a los fines de que no perjudique al grupo de personas al que esta entidad representa”.

/// EL DATO