¿Quién discrimina a quién?
Alberto Lucas.
DNI: 8.270.566.
Señores directores: Como ciudadano expongo exceso en el ejercicio de la función de los legisladores, la cual se ha convertido erróneamente en tácita intérprete de las decisiones de quienes le dimos el mandato. Usan el argumento de la no discriminación y descalifican a quienes se oponen a la ley de matrimonio gay con adopción, tan sólo por ser católicos. Yo, sin serlo, tengo los valores de nuestra cultura occidental y cristiana, y entiendo que la sociedad no discrimina a homosexuales. Les corresponde legislar sí este modo de convivir, otorgándoles derechos que aseguren su desarrollo, sin acceder a la pretensión de otorgarles ni el título de aquello que desecharon ser, ni en adopción los hijos que pudieran tener si hubieran decidido por una convivencia heterosexual. Deber inexcusable es no construir a partir de la excepción una regla que vulnera el Código Civil, obligando al niño a asumir la situación atípica de sus padres adoptivos con la presión social que ello implica, sin darle el derecho a escoger por un papá y una mamá, en una iniciativa carente de aval científico. En el estado de indefensión en el que me ha sumido esta postura que no honra la razón que debiera distinguir a los funcionarios, espero retroceda la media sanción, y junto a mí, tantos que, votándolos, depositamos confianza en su integridad y sentido común.
Sin teléfono y con factura
Laura Payá.
DNI. 14.305.736
Señores directores: Hace seis meses que mi línea telefónica no funciona. Los desperfectos comenzaron la última semana de diciembre de 2009. El lunes 04/01/10 realicé el primer reclamo telefónico al Servicio de Asistencia Técnica de Telecom (sólo atiende un contestador que da un número de reclamo). Al no tener resultados, continué haciendo infinidad de llamadas por el mismo tema, las que constan en el registro que lleva esa empresa, según verificó una empleada de atención al público.
El 05/03/10 hice mi primer reclamo por escrito ante Telecom Argentina SA y a la Defensoría del Pueblo. Personal de esta última me contactó por mi celular, sugiriéndome que, a fin de agilizar el trámite, hiciera una idéntica presentación ante la Comisión Nacional de Comunicaciones. Así lo hice. Si bien esa Comisión, a través de su delegada en Santa Fe, Sra. María José Barletta, ha respondido por escrito a mis consultas y me ha atendido muy amablemente comprometiéndose a enviar personal técnico a mi domicilio, al día de la fecha nada ha sucedido y continúo sin servicio.
La Gerencia de Morosidad Mercado Masivo Telefonía Fija de Telecom Argentina SA ha recibido dos notas certificadas con aviso de retorno de mi parte, fechadas el 6/05/10 y el 23/06/10, y aún no me han respondido. Lo gracioso es que acaba de llegarme una factura por el monto de $ 66,65 en concepto de abono (por el servicio no prestado, claro) y de $ 30,32 por “cargo de rehabilitación” (¿rehabilitación de qué, si hace seis meses que no me prestan ningún servicio?).
