Convenios urbanísticos

Proponen nueva modalidad para la

habilitación de barrios cerrados

El oficialismo elevó una propuesta legislativa donde se procura otro marco legal para los proyectos inmobiliarios, a cargo de agentes privados y se potencia el concepto de compensación urbanística.

Ariel Durán-Sergio Ferrer

[email protected]

El Frente Progresista, Cívico y Social (FPCy S) tiene puestas sus expectativas en un proyecto de ordenanza relacionado con la habilitación en la ciudad de Santo Tomé de futuros emprendimientos de barrios cerrados y clubes de campo o countries. En dicha propuesta -que fue elevada al cuerpo legislativo para la sesión del día de hoy-, los representantes del oficialismo hacen hincapié en una nueva figura reglamentaria, la de los denominados “convenios urbanísticos”, así como en el concepto de “compensación urbanística”, que es el que debiera tenerse en cuenta como resultado de aquellas iniciativas privadas que apuestan al rubro inmobiliario.

“Lo que proponemos es que el representante del emprendimiento que se quiere realizar suscriba un convenio urbanístico con el municipio”, explicó a Diario El Litoral el concejal socialista Luis Martínez, uno de los referentes de la referida fuerza política en el Concejo. A la vez, Martínez brindó detalles de algunas de las características de la mencionada modalidad, en la cual deberá constar, por ejemplo, la formalidad y los plazos acordados para que el ente municipal perciba la compensación urbanística producida por el desarrollo del proyecto edilicio en marcha. Inclusive, tal cual lo remarca el nombrado edil, dicho convenio tendrá que ser ad referéndum del propio órgano legislativo, sabiendo que la Municipalidad de Santo Tomé va a otorgar una habilitación de este calibre sólo cuando el emprendedor hubiese cumplido en tiempo y forma con la opción de edificación acordada a modo de compensación (como ser complejos de viviendas, hosterías, countries o cualquier iniciativa por el estilo).

Proyección y valor agregado

“El concepto de convenio urbanístico está relacionado con la dinámica que se da en la transformación del territorio, la que se produce debido a los cambios en los factores económicos, la descentralización del Estado y la utilización de las tierras con nuevas pautas de conducta social”, señaló Martínez posteriormente. Estas operatorias, que buscan viabilizar proyectos inmobiliarios implementados por agentes privados -para áreas urbanizables o no urbanizables-, tendrán que priorizar el interés del municipio, partiendo de la base de que se fundan en la reestructuración del espacio urbano, el periurbano, el suburbano y el rural (tarea que la Municipalidad debe afrontar para crear predios con características urbanas).

“Esta reestructuración, que implica la extensión de la trama urbana y que el Estado debe asumir como gestor del territorio, trae aparejada la modificación del plan de desarrollo local, así como una nueva distribución de los servicios, la desafectación de terrenos destinados originalmente a otros emprendimientos productivos, la configuración de un otro esquema tributario y demás”, expresó también Martínez, que conforma el FPCyS junto a su compañera de bloque Libertad Lostumbo y los radicales Daniela Qüesta y Martín Giménez. Debido a fenómenos urbanísticos como los que están en curso y a los cambios producidos en nuestro hábitat por el uso residencial (que incluyen pautas de convivencia vinculadas a ese desarrollo), desde el FPCyS consideran necesario contar con una normativa específica, que sirva no sólo para nuclear a esta clase de barrios privados o clubes de campo, sino para incorporar -además- aquellos criterios de acción que permitan, por ejemplo, recuperar para el municipio la plusvalía que es generada por las condiciones que originan inversiones privadas de este tenor.