Editorial
La coincidencia de la presidenta y la oposición
La presidenta expuso un justo precepto en la Bolsa de Comercio de Rosario, al apuntar contra la evasión de algunos sectores que comercializan granos. Elisa Carrió, casi a la misma hora en el Congreso, aseguró que los pobres no pueden financiar a los pobres, y que es intolerable que los jubilados paguen la asignación universal por hijos en un país que grava la leche, pero no cobra impuestos a la renta financiera.
La Argentina necesita recursos; no puede funcionar con 40 por ciento de su economía en negro. Tanto el discurso oficial como el opositor coinciden en un mismo punto crítico: el esquema fiscal. El desafío político e institucional es encontrar un diseño impositivo que promueva el desarrollo y grave progresivamente las utilidades, a fin de no ahogar el crecimiento y de garantizar al mismo tiempo las funciones del Estado.
Los recursos son escasos, mientras una porción inadmisible de la economía del país habita en las incongruencias abismales del escenario impositivo, estratificado hasta los ‘90, distorsionado a discreción y sin modificaciones a la vista. Se pretende -menos en los hechos que en el atril- un cambio de modelo sobre el rol del Estado.
La responsabilidad primaria está en cabeza del Ejecutivo. El gobierno denuncia la evasión, pero no puede alegar su propia torpeza fiscal para justificar la alternativa de impuestos distorsivos como las retenciones. En cambio debe ser eficaz para gravar las ganancias -incluso las extraordinarias si ese es el caso- en un esquema más funcional al desarrollo sustentable e incluso a la pretensión declarada por la Casa Rosada.
De la misma manera debe comportarse la oposición. No hay argumento ético ni práctico que justifique el bajo ingreso de los jubilados, y el incumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema para atender el tema supone alimentar la industria del juicio. Pero la responsabilidad fiscal excede el oportunismo político en el calendario electoralista, y reclama una definición cierta y viable sobre el financiamiento del piso previsional. La Argentina se debe una discusión profunda y responsable de su esquema impositivo y de reparto. Lo ordenaron los Constituyentes de 1994, que fueron agudos al mandar una nueva ley de coparticipación, pero pecaron de hipocresía cuando dictaron esa orden constitucional en términos políticos de imposible cumplimiento.
El país también se debe un organismo recaudador libre de toda sospecha. Está comprobado que el jefe de la Afip, en su anterior paso por el Organismo de Control Comercial Agropecuario, asignó subsidios millonarios a una empresa que no estaba en condiciones reglamentarias para recibirlos y que funcionaba en un inmueble propiedad de su esposa. Inadmisible en un gobierno que denuncia evasión.
El desafío es complejo, y requiere pertinencia técnica, participación efectiva de las provincias y sobre todo honestidad política. Son condiciones necesarias que están en un núcleo de coincidencias básicas implícitas entre oficialistas y opositores.
