Hugo Moyano, entre el derecho y la prepotencia
En la Argentina no hay rama de la economía que no dependa directa o indirectamente de las prestaciones del transporte por camión. Si Hugo Moyano consolida su forzada pretensión de afiliar a todos sus choferes, sin distinción de derechos y obligaciones, consagrará un poder corporativo por fuera de los límites tolerables para la democracia.
Es indispensable que los trabajadores en la informalidad sean regularizados, y resulta natural que los choferes en relación de dependencia, en el sector del autotransporte de cargas, tributen al sindicato que les es propio. También es admisible la tensión que implica la disputa legal por el encuadramiento.
Pero el titular de la CGT, con el aval implícito de la Casa Rosada, viene añadiendo afiliados por la imposición de los hechos, consumados con una prepotencia que nunca queda sujeta a revisión, basándose en los códigos legales vigentes en el país.
Lo hizo con los supermercados o las plantas impresoras, como lo hace con las acerías. Hugo Moyano, a través de su hijo Pablo como secretario general del sindicato de Camioneros, presiona a industriales y comerciantes, obstaculiza sus actividades específicas y alcanza una posición de fuerza para negociar -e imponer, en muchos casos- las condiciones que pretende.
Por tradición -usos y costumbres- y sin reparos legales, el encuadramiento gremial privilegia la rama principal de cada actividad económica. Si Moyano logra el predominio de todo chofer, en un país que no reconoce las libertades sindicales que consagra la Organización Internacional de Trabajo, tendrá el poder de decidir qué circula y qué no por las rutas del país.
Ése no es el poder propio de un sindicato en democracia, sino el de una corporación que excede su marco específico y se convierte en un factor de poder capaz de imponerse sobre preceptos constitucionales básicos, como las libertades de expresión, trabajo, circulación o comercio.
Editoriales, cadenas comerciales, constructoras, metalúrgicas -incluidas las automotrices- y muchos otros sectores estratégicos de la economía han padecido el procedimiento de la prepotencia. En algunos casos, el Sindicato de Camioneros ha reclamado con justa razón; pero, en muchas situaciones, no lo hizo y -por lo demás- el fin no justifica cualquier acción.
No puede una organización gremial clausurar de hecho fábricas o centros logísticos, menos aún cuando las empresas perjudicadas no son jurídicamente responsables del motivo de la protesta. Y si la ofensa al derecho laboral es justa causa, la reacción debe ser proporcional y pertinente a sus fines, que no es lo mismo que la acumulación indiscriminada del poder.
Hugo Moyano recibe dinero a discreción de la Casa Rosada, maneja recursos de obras sociales como en ningún otro lugar del mundo, administra un ferrocarril del Estado, está ligado a constructoras o a empresas recolectoras de residuos. Poco de eso tiene que ver con los derechos de los trabajadores, en cuyo nombre basa su acción.
