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La extradición de Apablaza Guerra

Está claro que si el señor Galvarino Apablaza Guerra fuera un militante de extrema derecha que secuestró a un periodista “progre” y asesinó a un legislador de izquierda, su extradición habría sido inmediata y todo el debate abierto en las últimas semanas sobre este tema sería innecesario. Pero como Apablaza es de izquierda -o de ultraizquierda- y supuestamente luchó contra la dictadura de Pinochet, la “progresía local”, empezando por funcionarios del propio gobierno, se muestra remisa a cumplir con lo que ordena la Corte Suprema de Justicia y lo que reclama el gobierno de Chile.

El caso que nos ocupa no amerita la figura del refugiado político. Apablaza debe ser juzgado por haber asesinado al senador Jaime Guzmán y secuestrado al director del diario El Mercurio. Los hechos ocurrieron en 1992. El general Augusto Pinochet ya había dejado el poder y el presidente era Patricio Aylwin, flamante candidato de la Concertación chilena.

Más allá de los argumentos de quienes se oponen a la extradición, está claro que los hechos ocurrieron bajo un gobierno democrático elegido por el pueblo, por lo que no se justifican acciones terroristas invocando el principio de resistencia al tirano. Así lo entiende el actual gobierno chileno, pero para quienes insisten en descalificar al presidente Sebastián Piñera por su condición de derechista, conviene recordar que el reclamo de extradición se inició durante la presidencia de Ricardo Lagos y, luego, la presidenta Michelle Bachelet insistió en la misma línea. Por su parte, de más está recordar que Piñera fue elegido por el voto popular y su pública condición de derechista -en Chile la derecha se dice derecha- no es, ni debe ser, un motivo de descalificación política. Por otra parte, Apablaza es reclamado por la Justicia chilena no para ser ejecutado o sometido al garrote vil, sino para ser juzgado por tribunales democráticos donde el principio de presunción de inocencia se respeta a rajatabla. Finalmente, los principales dirigentes políticos de la izquierda chilena también reclaman la extradición, con lo que pierde consistencia el peregrino argumento acerca de una derecha “deseosa de vengarse contra un militante popular”.

Como se podrá apreciar, el gobierno argentino está colocado ante un verdadero dilema. Si acata lo que ordena la Corte Suprema de Justicia de nuestro país corre el riesgo de perder el apoyo de su platea de izquierda, para quien los derechos humanos sólo valen cuando las víctimas son de izquierda, pero carecen de sustento histórico o se transforman en “actos justicieros” cuando las víctimas son de derecha. Por otro lado, si se niega a otorgar la extradición a Apablaza violenta los acuerdos bilaterales con Chile, desobedece el pedido de la Corte Suprema de Justicia y, por sobre todas las cosas, comete un flagrante acto de injusticia con quienes fueron víctimas del terrorismo de ultraizquierda.



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