Legislación
Polémica por las ganancias
Méndez y Recalde. Entre la redistribución y la cogestión. Foto: Archivo El Litoral
Crece la discusión sobre el proyecto de ley que obligará a las compañías a distribuir utilidades entre sus empleados. Para el sector privado, la normativa implica una cogestión obrera en la conducción de las empresas.
Félix Canale
La participación laboral en las utilidades de las empresas, promovida por el proyecto de ley presentado por el diputado oficialista Héctor Recalde, dejó de ser motivo de opiniones personales, para ingresar al terreno de las definiciones públicas por parte del sector empresario.
El pasado jueves 22, los seis máximos dirigentes empresariales del país emitieron un comunicado cuestionando severamente el proyecto. El documento lleva la firma de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina,
En uno de sus párrafos, el texto manifiesta “la gran preocupación que despierta una iniciativa de semejante alcance, proyectada sin consenso empresarial, en un tiempo en que el país necesita un muy fuerte aumento de la inversión que genere más empleo y desarrollo”.
Más adelante, los firmantes dicen que “rechazan categóricamente los proyectos en cuestión, máxime cuando se comprueba que avanzan hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad y de ejercicio de toda industria lícita, al otorgar a los sindicatos facultades de fiscalización y de información, ajenas a su cometido, muy superiores a la de los propios accionistas”.
También “hubo unanimidad de opiniones, afirmando que esta situación se agrava aún más en un contexto en el cual la imposibilidad de ajuste de los balances por inflación genera una fuerte distorsión en el resultado de los mismos”.
Formatos
Distintos voceros empresariales del sector industrial, consultados por El Litoral en Buenos Aires y Rosario, coincidieron en dividir la cuestión en dos andariveles. En uno, que sería negociable, se ubica la participación en las ganancias, dependiendo del formato que tenga tal participación.
Esos formatos son varios. En México, la ley establece un reparto del 10 por ciento de las utilidades netas. En Chile, el beneficio para el sector laboral no puede exceder de 4,25 salarios mínimos, mientras que en Venezuela se estableció en 4 y en Perú alcanza a 18 salarios. En cada uno de estos ejemplos, existen variables, en algunos casos por sector económico, en otros por relación con la productividad y, en otros, de acuerdo con la capacidad de pago de cada compañía.
La letra
Pero en el otro andarivel, que es el que realmente alerta a los empresarios argentinos y en el que están poco dispuestos a negociar, asoma la posible injerencia de los sindicatos o comités de empresa en la gestión de las compañías. El proyecto de ley no lo indica taxativamente, pero entreabre la puerta.
La luz de alarma se encendió ante los artículos 4 y 18. El primero estipula que “la determinación de las ganancias de la empresa, de conformidad con la legislación impositiva aplicable, estará sujeta a la revisión que surja del ejercicio del control de los trabajadores, en las condiciones y modalidades establecidas por la presente ley y su reglamentación”.
Previamente, en el artículo 3, indica que “a los fines de esta ley se considerará ganancia de las empresas la renta gravable de conformidad con las normas de la legislación impositiva vigente sobre Impuesto a las Ganancias, o las que se establezcan en el futuro sobre los beneficios, utilidades, réditos o ganancias de las empresas”.
Para los empresarios, el punto es que tal revisión se efectuará sobre las declaraciones que la compañía haga a la Afip, y que las mismas pueden ser cuestionadas no por el organismo recaudador, de por sí poco flexible, sino por el sindicato o comité de empresa.
Auditoría
Por su parte, el artículo 18 establece que “la asociación sindical podrá fiscalizar la información proporcionada por la empresa y requerir la totalidad de la información complementaria y documentación respaldatoria que considere necesaria para cumplir con su cometido. A tal fin, podrá designar a los representantes gremiales y a los profesionales técnicos idóneos”.
En concreto, abre la posibilidad de una auditoría sindical sobre la gestión y los costos de las compañías. Cualquier controversia obrero patronal relativa a las declaraciones de utilidades, deberá ser zanjada no por la Afip, sino por el Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias, un organismo compuesto por cuatro representantes del Poder Ejecutivo, cuatro de la Confederación General del Trabajo y otros cuatro representando a “todo” el sector privado.
A esto, debe sumarse que el proyecto Recalde estipula que las empresas sólo podrán imputar a costo el 50 % de las reinversión de utilidades. El restante 50 % será considerado ganancia neta y por lo tanto sujeta a participación laboral. Esta limitación afectará principalmente a las Pymes que, hoy por hoy, financian su ampliación de capacidad productiva con la reinversión de utilidades, en el mejor de los casos, ya que otras las están utilizando para la compra de materias primas en un marco de inflación creciente.
Texto completo del proyecto:
http://blogs.ellitoral.com/empresariosyempresas.
