De domingo a domingo
¿Quién desestabiliza a quién? Que responda Hebe de Bonafini
Hugo E. Grimaldi
DyN
Una repudiable insubordinación de policías que buscaban evitar probables recortes salariales, lo que en principio fue un cuasi reclamo gremial que exacerbó con su intervención y su histrionismo el propio presidente de Ecuador, Rafael Correa, le puso a la semana el tinte dramático de otros tiempos en América Latina, al ser presentada desde ese país con la muletilla de “golpe de Estado”.
Es verdad que, en estos casos, cuando prima la violencia, se agrede cobardemente a un mandatario y se agrietan peligrosamente los diques institucionales. Nunca se sabe quiénes podrían sacar provecho del conflicto para torcer el rumbo democrático, pero, de allí a que se diga, tal como afirmó el gobierno de Ecuador, que 600 policías iban a producir un quiebre constitucional hay un gran trecho.
“Una chirriando”, hubiese sentenciado el general Perón. Para ponerle la frutilla al postre de tan caótico contexto, y al mejor estilo de las dictaduras que se conocieron en la Argentina, aunque en este caso sin tanques en las calles ni marchas militares, fue el propio gobierno ecuatoriano el que se dio el gusto de violar gravemente la libertad de expresión, al obligar a los canales de televisión y a las radios, bajo el amparo del “estado de excepción”, a entrar en cadena “indefinida e ininterrumpida” con las emisoras oficiales, para bajar desde allí un discurso único que sostenía a rajatabla que existía en el país un intento de remover al presidente.
únicamente faltó leer el Comunicado 150. Seguramente asustado porque los uniformados rebeldes tenían armas y porque el motín policial se había salido de madre, Correa le transmitió por teléfono a la presidenta argentina el argumento del “golpe” desde su obligada reclusión hospitalaria y eso hizo que la propia Unasur que comanda Néstor Kirchner lo haya comprado, por lo cual se decidió a actuar de modo preventivo.
En el redituable rol de víctima
De ese modo, lo plasmaron los presidentes de Sudamérica en la declaración de Buenos Aires, adonde concurrieron presurosos esa misma noche, salvo el presidente Lula, a pedido de Cristina Fernández, y así lo reveló, orgullosa, la presidenta en un discurso el día viernes, seguramente para desazón de sus colegas Evo Morales, de Bolivia, o Alan García, de Perú, quienes también se habían adjudicado la paternidad de la convocatoria.
Pero para emparentar lo que ocurrió en Ecuador con la realidad local, Cristina avanzó un poco más cuando, sin apuntar tanto al concepto de “golpe de Estado” de los años ‘70 que le había vendido Correa, aunque sin abdicar del permanente rol de víctima que le gusta ocupar al Gobierno, precisó en esa misma alocución que existen “sutiles formas de desestabilización, de golpear a los gobiernos constitucionales que, además de ser constitucionales, defienden los intereses del pueblo. Hay otras formas también sutiles: mentir, engañar, descalificar, tergiversar, tratar de que nos enfrentemos entre los argentinos”.
En la misma línea, y ya en sábado y a su regreso de Quito, el canciller Héctor Timerman precisó que en la región se había armado “una importante unidad contra el golpismo cívico-mediático-militar”. La intencionalidad política de ambas construcciones, que desparraman hacia la escena local los supuestos hechos sucedidos en el exterior, no puede dejar de remitirse a los sucesivos fallos de la Justicia que desairan al Gobierno o a situaciones que son criticadas a diario por una gran porción del arco opositor y por buena parte de la prensa.
Soportando (¿y financiando?) exabruptos
Ya se sabe que para el kirchnerismo más puro, como ahora se ha comprobado en el caso de Ecuador, toda opinión que no sintonice en cadena con el pensamiento oficial puede ser tildada de desestabilizante. Pero, además, el caso del presidente Correa sirvió para dejar entre las sombras por 24 horas dos episodios locales muy urticantes para el Gobierno, como fueron los exabruptos que desparramó en dos ocasiones Hebe de Bonafini contra los ministros de la Corte Suprema y la decisión de otorgarle el estatus de refugiado político a Sergio Galvarino Apablaza Guerra, lo que abrió un frente de conflicto con Chile y desguarneció en paralelo la posición argentina frente a Irán, por el tema Amia.
En el caso de Bonafini, la primera de sus intervenciones quizás no fue tan grave por sus sonoros dichos, que quedaron casi al borde del golpismo que denuncia el canciller, aunque en todo caso amparados por su derecho a la libertad de expresión (“¡Turros! ¡Si tenemos que tomar el Palacio de Tribunales, tomémoslo!... Si la ley no sale, hay que arrancársela con toda la fuerza que tiene el pueblo... Estos jueces son cómplices de la dictadura”), sino porque en el palco, sirviéndole de claque con sonrisas, asentimientos y aplausos, había funcionarios del Estado en sus tres escalones, nacional, provincial y municipal.
Al insulto, al cinco veces denunciado conato de sedición y, sobre todo, a la mentira sobre el carácter antidemocrático de los ministros de la Corte, de los cuales cuatro han sido propuestos por este mismo Gobierno, sólo puede oponérsele con cierta piedad el justificativo del calor de la arenga de tribuna.
La analogía con la quema del féretro por parte de Herminio Iglesias y con la pérdida de más votos de la clase media fue inevitable y, en todo caso, para el Gobierno, fue un alivio que el rating de Canal 7 fuera de apenas 1,6 y que, en ese mismo momento, los cables estuvieran cubriendo la inesperada muerte de Romina Yan.
Al día siguiente, fue evidente que la prensa oficialista buscó esconder el episodio y hasta hizo desaparecer su nombre de las portadas, mientras los diarios Clarín y La Nación privilegiaron otros temas como títulos principales de sus tapas.
Entre los errores políticos y el Fútbol para Todos
Nadie salió a “destripar” a Bonafini, como ha dicho el secretario de Cultura, Jorge Coscia, para quien la dirigente cometió nada más que “un error político que provoca un perjuicio para ella misma y para su causa”, sino que más bien fueron muchos los protagonistas de esa jornada que, aun estando de acuerdo con el motivo del acto que promocionó hasta el hartazgo el propio Gobierno, a través de la saturante propaganda en el Fútbol para Todos, no se sintieron representados por lo que dijo Bonafini.
Por un lado, el Cels (“dichos horribles e inaceptables”) y Carta Abierta (“discurso extemporáneo y muy poco feliz”), los dos colectivos más notorios, repudiaron los excesos, mientras que Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto también tomaron distancia.
Es que, al menos, resulta muy injusto decirle a Carmen Argibay o a Eugenio Zaffaroni a los gritos, aunque éste haya señalado que no se enoja, “cómplices” de la dictadura.
Sin embargo, la voz del Gobierno no se escuchó hasta dos días después.
Cuando las papas queman, una vez más ha quedado demostrado cómo se paralizan los funcionarios, ya que recién el jueves por la mañana el canciller Timerman usó una referencia lateral destinada a descomprimir la responsabilidad de la dirigente: “El eje del debate es Ley de Medios de la Democracia o Ley de la dictadura, y no los dichos de Hebe”, disparó el canciller desde su cuenta de Twitter.
El argumento no deja de ser verdadero, porque la razón de la marcha a Tribunales fue presionar a como fuere a los jueces para que atiendan, aunque la Corte no lo hace nunca, un recurso de amparo que presentó el Grupo Clarín y que pasó por dos instancias, lo que impide que se pueda aplicar el artículo 161 de la nueva legislación que obliga a vender en un año lo que la Ley de Medios considera concentración informativa.
ómnibus para los 20 mil adherentes
Aunque la mayoría de los 20 mil adherentes, que llegaron en ómnibus bastante destartalados que atestaron la avenida 9 de Julio, probablemente no lo sepan, para que la petición cierre, los insultos, además, deberían servir para que los ministros ratifiquen el contenido del famoso artículo, aun sin que las instancias inferiores se hayan pronunciado sobre el fondo de la cuestión, algo bastante difícil.
¿Cómo pagó Bonafini el silencio del Gobierno y tanta enjundia del canciller? Con declaraciones más fuertes, ya que las hizo en un estado de plena conciencia al finalizar la ronda habitual de los jueves en la Plaza de Mayo, en medio del episodio Correa: “No sólo turros hay que decirles, mucho más que turros. Y si hay gente honesta y proba y son buenos, como algunos que son casi nuestros amigos, que se vayan, que se vayan, que renuncien a la Corte, no se pueden quedar. Porque donde hay un tipo que comete un delito, todo lo demás queda sucio. No hay cosas limpias si Lorenzetti se reúne por atrás y recibe dinero y sobres y lo que sea. Los demás también están envueltos en esto”, generalizó.
El escándalo Bonafini, de carácter eminentemente local, tuvo su correlato internacional con la recomendación que hizo la comisión Nacional para Refugiados (Conare) para que se niegue la extradición de Apablaza a Chile. Madres de Plaza de Mayo había intercedido a favor de que se lo considere un luchador frente a la dictadura chilena. En esta historia, también ha tenido que ver la Corte Suprema, ya que dio vía libre a que se lo juzgue en el país donde está acusado de liderar el Frente patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), organización que se hizo cargo del asesinato de quien fundó el actual partido de gobierno y del secuestro del hijo de un empresario periodístico. El episodio de la muerte del senador Jaime Guzmán sucedió el 1º de abril de 1991, cuando ya había democracia en Chile y no estaba más Augusto Pinochet.
Refugiado contra los derechos humanos
La negativa a extraditarlo se conoció el jueves por la tarde, también en medio del episodio Ecuador y, por la noche, cuando llegó a la Cancillería el presidente Sebastián Piñera, es más que probable que los dos mandatarios hayan cruzado alguna palabra sobre el tema.
El disgusto del chileno fue expresado en una frase contundente y sentida que dio la vuelta al mundo, más allá del documento oficial que habló de “decisión inaceptable” y auguró un enfriamiento de las relaciones: “No comparto la decisión que significa un retroceso para la causa de la Justicia y de los derechos humanos en mi país”, señaló Piñera.
En medio de todas estas circunstancias políticas que están marcando para la Argentina un sendero ideológico bien definido, donde se supone que la solidaridad es un valor, se sintió muy fuerte la conmoción por el asesinato a mansalva de un chico de 16 años, Matías Berardi.
Sin embargo, el episodio del secuestro y de la muerte que involucra este hecho bien grave de una inseguridad que está cada vez más presente y que no elige estratos sociales, no debería esconder el desgaste y las tensiones a los está siendo sometida la sociedad por el temor que la paraliza, miedo que la hace descender y hasta olvidar esos mismos principios que se predican desde los atriles. Luego de 15 horas de secuestrado, Matías logró escapar, pero fue en vano. Ninguno de los vecinos a los que recurrió le creyó lo que contaba. así, el joven no recibió ayuda, fue tomado prisionero de nuevo por los delincuentes, quienes lo llevaron a un descampado, lo hicieron arrodillar y lo fusilaron por la espalda. Por cierto, todas estas miserias sociales no quedan registradas en el PBI.
